Por Rosaura Barletta
El gobierno porteño, en sintonía con el nacional, pretende convertir a menores y migrantes en el blanco móvil de la política de seguridad. Sin embargo, unos y otros son franca minoría en las estadísticas del delito.
Hace casi un año, el febrero de 2018, el presidente Mauricio Macri invitó a la Casa Rosada a un policía. El agente de la bonaerense Luis Chocobar tenía el dudoso mérito de haber acribillado por la espalda a un presunto ladrón, Pablo Kukok, de 18 años. Desde entonces, la escalada represiva del gobierno nacional fue en aumento, al punto que ese asesinato dio nombre a la “doctrina”, sintetizada en una resolución -la 956/2018- que autoriza a las fuerzas de seguridad a disparar por la espalda en un “peligro de fuga” o a tirar a matar aunque el delincuente lleve un arma de juguete.
Junto con el fortalecimiento de las atribuciones a las fuerzas represivas, el gobierno y también un sector de la oposición fueron reforzando el perfil del “enemigo público” de la época y de una política basada más en la ley de Talión -ojo por ojo- que en la jurisprudencia. “El que las hace las paga”, dice livianamente el presidente Mauricio Macri y un coro variopinto repite “el que las hace las debe pagar”.
Menores y extranjeros, a las patadas
“Hay que echar a patadas a los extranjeros que delinquen. Sobre todo si el delito es menor, arrebato en la calle o tirar piedras en la plaza, tienen que ser inmediatamente expulsados: hay que echarlos a patadas rápido”, predica el senador del justicialismo federal Miguel Pichetto. “Si un menor comete un delito, tenga 15 u 8 años, irá a un régimen penal o administrativo”, amenaza la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, quien ha llegado al extremo de respaldar al policía que mató de un tiro en la cabeza a un nene de 9 años, Facundo Ferreira, en Tucumán.
Bullrich dijo que está “a disposición” de acompañar como vice la candidatura de Macri en las próximas elecciones. Una campaña electoral que, siguiendo el ejemplo de Jair Bolsonaro en Brasil, todo indica que tendrá el eje en la inseguridad y la mano dura.
En el gobierno porteño se hicieron eco inmediatamente del modelo. Horacio Rodríguez Larreta anunció que la policía porteña va a entrenarse en el uso de las pistolas Taser en Brasil y que después va a usa lo aprendido en el subte. El vicejefe de gobierno y ministro de Seguridad, Diego Santilli, repite cada vez que puede: “La sociedad argentina está harta de la impunidad. El que las hace las tiene que pagar”. Todos proponen crear un nuevo régimen penal juvenil que baje la edad de imputabilidad a los 15 años e impida que los menores que delinquen queden libres.
Así, una supuesta batalla contra la inseguridad se va perfilando como eje de la campaña. Si bien no encabeza ninguna lista, la inseguridad es una de las problemáticas que preocupan a la población. En la actualidad, según un informe de la consultora D’Alessio IROL, ocupa el quinto lugar, luego de la inflación, la incertidumbre económica, los tarifazos y los aumentos impositivos.
Ni menores ni extranjeros
María del Carmen Verdú lleva años denunciando las políticas represivas y puntualiza: “la última vez que discutimos la baja de imputabilidad, fue en el 2016 en plena campaña electoral”. ES difícil saber si la situación mejoró o empeoró porque “la Secretaría de Política Criminal, hace un par de años ha dejado de publicar en internet las estadísticas oficiales, sin embargo hay investigaciones en universidades donde se pueden encontrar“, explica.
La fundadora de la Correpi (Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional) considera engañoso el pedido de un nuevo régimen penal juvenil, porque los niños y adolescentes ya tienen un trato especial. En la Ciudad de Buenos Aires no van a los clásicos ‘institutos de menores’ sino a ‘Centros de Admisión y Derivación’. “Esas bonitas denominaciones -advierte- no modifican el régimen carcelario que se aplica, ni disminuyen las violencias que padecen incluso quienes están allí por razones asistenciales, es decir, sin causa penal en trámite”.
Verdú también impugna la noción del menor asesino. Los delitos contra la propiedad son más de la mitad de los cometidos por niños y adolescentes, según el Relevamiento Nacional sobre Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal publicado en 2015 por Unicef y la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de la Nación (SENAF).
Es más, sigue Verdú, los datos oficiales a nivel nacional muestran que del total de causas penales en trámite, apenas en un 3% hay personas menores de 18 años imputadas, y el índice baja al 1% si lo acotamos a menores de 16. “Si sólo se contemplan los delitos graves contra la vida, el porcentaje es menos del 1%”, explica.
Lo mismo sucede con las personas migrantes. “El porcentaje de migrantes en prisión es inferior a su representación total en la población”, explica la referente de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI).
La legisladora porteña Andrea Conde (Unidad Ciudadana) también es tajante: “Los números desmienten la relación directa que se construye entre la población migrante y el delito”.
Los datos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación corroboran las afirmaciones de Conde: en 2015 los migrantes representaban apenas el 6% del total de detenidos en nuestro país y, como en el caso de los menores, no son contra la vida ni las personas sino contra la propiedad o por infracciones a la ley de estupefacientes. Sin embargo, la autoridad máxima del país en materia de Seguridad, Patricia Bullrich, se permite afirmar: “El 20% de los detenidos son extranjeros”. Bullrich no aclaró que se refería exclusivamente a cárceles federales, en las que esto es esperable mientras el narcotráfico -de carácter internacional- sea un delito federal.
Lo que es cierto es que tanto menores como migrantes son dos sectores de la población sometidos al control de las Fuerzas de Seguridad porque viven bajo la línea de pobreza -48% de los menores- y suelen recurrir a trabajos precarios e irregulares, como trapitos y vendedores ambulantes. Los extranjeros se enfrentan a diario al peligro de que les decomisen la mercadería que venden, mayormente, en la vía pública. Y los senegaleses denuncian especial ensañamiento de la Policía de la Ciudad con los vendedores africanos o latinoamericanos afrodescendientes. Hay un denominador común con la mirada de Verdú: “la construcción mediática criminaliza”.
Entre los menores de 18 años institucionalizados “en conflicto con la ley penal”, el porcentaje sin condena oscila entre el 75% y el 97%, según Unicef y Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF). La cifra varía según si se encuentran en un régimen de privación de la libertad, restricción de la misma o supervisión fuera de las instituciones de encierro.
El informe “Las voces de las y los adolescentes privados de libertad” de Unicef, denuncia que el 60 % los niños y adolescentes en instituciones de encierro recibieron algún tipo de maltrato y en más de la mitad de los casos fue por parte del personal de seguridad. Las denuncias por estos hechos, sin embargo, no superan el 15%. En este contexto, Unicef recomienda “priorizar fuertemente las medidas alternativas al proceso judicial y las medidas penales no privativas de la libertad”.
Las instituciones que debería aplicarse al cuidado de la infancia, como es el caso del Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes o la Dirección General de Niñez han sido desfinanciadas. La diputada Conde apunta que sólo involucran un 0,17% del presupuesto total de la Ciudad.
Otro tanto pasa con los migrantes: Conde señala que, aunque el gobierno porteño tiene programas culturales de exaltación de las identidades migrantes, en la práctica “las políticas orientadas a este sector son casi exclusivamente de persecución”. La oposición presentó varios proyectos de ley para amparar a los migrantes: “Uno de ellos es el instituto de asuntos vinculados a personas afrodescendientes. También presentamos numerosos pedidos de informes para evitar que sigan ocurriendo operativos violentos y arbitrarios que afectan a los y las trabajadoras migrantes. Por otro lado, acompañamos y conseguimos el empadronamiento automático para los migrantes en la búsqueda de ampliar y garantizar sus derechos políticos. Presentamos otro proyecto para que puedan ser elegidos en las comunas”, enumeró la legisladora.
Conde destaca el papel del Foro para la integración plena de los y las migrantes, “un espacio de articulación para la participación de los y las migrantes en el ámbito público, conformado con representantes de colectivos y organizaciones, con el objetivo de discutir o impulsar políticas que garanticen y promuevan sus derechos”.
Así las cosas, la vieja ciudad de puertas abierta que fue Buenos Aires promete convertirse en una ciudad que se ensañe con los más débiles y desamparados, sobre todo si son menores o recién llegados.
