Una sirena de Bomberos ensordece las calles de Barrancas. Pero esa bocina no da alerta sobre alguna urgencia sino que sirve para homenajear a los ocho bomberos y dos agentes de Defensa Civil que murieron luego del incendio en el depósito de Iron Mountain. Familiares y amigos recordaron a los Héroes de Barrancas -tal como reza la nueva inscripción- pero, por sobre todo, reclamaron ser reincorporados como querellantes
en la causa penal que tiene procesados a 12 ex funcionarios del gobierno porteño y cinco directivos de la empresa.
“Esto no fue una tragedia, fue un asesinato producto de la corrupción que nos hizo perder diez servidores públicos por papeles que quisieron quemar”, aseguró Jorge Campos, papá de Sebastián Campos, uno de los bomberos voluntarios muertos del Cuartel de Vuelta de Rocha. “Los familiares supimos que el incendio había sido intencional a la semana, ellos lo reconocieron casi un año después. En estos cinco años recibimos amenazas, propuestas, y aprietes de todo tipo”, agregó.
“Al sacarnos como querellantes lo que buscan es limitar la responsabilidad y evitar el juicio oral”, comentó Rolando Monticelli, papá del bombero Juan Matías Monticelli, uno de los fallecidos en el incendio del depósito del barrio porteño de Barracas.
La decisión de “quitar” a los familiares como querellantes en la causa por “incendio por estrago culposo seguido muerte”, que tramita en el juzgado en lo Criminal y Correccional 18, a cargo de Pablo Ormaechea, fue tomada por ese tribunal después de que algunas familias llegaran a un acuerdo económico con la empresa.
“Se trata de una interpretación del viejo código de procedimientos, que establece que si una de las partes llega a un acuerdo, de la índole que sea, ya no puede ser querellante. Nosotros apelamos y la Sala 5 de la Cámara ratificó el fallo de primera instancia; volvimos a apelar y desde mayo la decisión la tiene Casación”, explicó por su parte Miguel Arce Aggeo, abogado de las familias.
Sandra Barícola, hermana del agente de Defensa Civil Pedro Barícola, también fallecido en la tragedia, sostuvo que “nunca los dejaron ser querellantes” y aseguró que “el reclamo sigue intacto: verdad y justicia”. En tanto, fuentes judiciales confirmaron que la causa está en la Sala 2 del tribunal de Casación, y que hasta tanto no se resuelva si se aparta o no a las familias de la querella “no se puede avanzar en la cuestión de fondo, por lo que ni los procesamientos ni los sobreseimientos están firmes”.
El 5 de febrero de 2014, alrededor de las 8, las llamas tomaron el depósito de documentación ubicado en Azara 1245, donde acudieron varias dotaciones de bomberos de la Policía Federal y los voluntarios de Vuelta de Rocha y La Boca.
Al llegar encontraron el portón del lugar herméticamente cerrado y, mientras esperaban órdenes intentando ingresar sobre Jovellanos, una pared de más de diez metros de alto se derrumbó sobre la vereda. Ese día murieron los seis bomberos de la Policía Federal Anahí Garnica, Leonardo Day, Eduardo Conesa, Damián Véliz, Matías Monticelli y Maximiliano Martínez, dos de la brigada voluntaria Vuelta de Rocha, Sebastián Campos y Facundo Ambrosi y dos y dos agentes de Defensa Civil: José Méndez y Pedro Barícola.
Un año después del incendio, en febrero de 2015, peritos de la División Siniestros de la Policía Federal y del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) presentaron sus informes, en los que concluyeron que el incendio “podía haber sido intencional”.
En marzo del año pasado fueron procesados por el hecho Vanesa Berkowsky, quien fue directora general de Fiscalización y Control de la Ciudad; Luis Alberto Cogo, jefe del Departamento de Actividades Generales Críticas, y Roberto José Chiesa, director de Industrias y Otros Locales.
También está procesada Silvia Miriam Hers, jefa del entonces Departamento de Programación Operativa; Gastón Luis Laugle y Patricia Moroni, responsables de la Dirección de Administración y Gestión Operativa; Rafael Mario Roldán y Pierre Louis Chapar, encargados de la Dirección General de Fiscalización y Control.
Además, se procesó a cuatro directivos y empleados de Iron Mountain y uno de una empresa de seguridad tercerizada y se trabaron embargos que van desde 10.000.000 a 20.000.000 de pesos a todos los procesados.
