Durante años, los nenes y nenas de la villa 31 y 31 bis debieron caminar, varias cuadras, para ir a la escuela primaria. Es que, pese a que el gobierno porteño debía disponer un transporte escolar gratuito, el colectivo nunca apareció. El reclamo fue a la Justicia y cuando el Juzgado Contencioso, Administrativo y Tributario N° 12 pidió información al respecto, la ministra Soledad Acuña no respondió. Ahora, deberá pagar 3.700 pesos de multa.
“En la Villa 31 y 31 Bis, particularmente, la falta de oferta educativa hace que los alumnos tengan que trasladarse a otros barrios, algunos muy lejos, para poder ir a la escuela. Como es una población socioeconómica muy vulnerable, a la mayoría le cuesta mucho pagar un boleto”, estableció Rodrigo Robles Tristan, abogado de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ). La falta de transporte para los estudiantes fue una constante durante años y por eso la ONG decidió demandar al Gobierno de la Ciudad basándose en la accesibilidad de la educación.
“Queríamos que los chicos no sufran discriminaciones en el acceso a la escuela y que, además, se garantice que esa escuela sea accesible geográficamente. Por eso demandamos al Gobierno y le exigimos que garantice un transporte escolar gratuito”, aclaró en una nota a Página/12.
Luego de la demanda, en 2010, la jueza Alejandra Petrella ordenó al GCBA la realización de un relevamiento a fin de identificar a todos/as los/as niños/as de la Villa 31-31 Bis que asisten a escuelas de nivel inicial y primario ubicadas a más de diez cuadras de sus casas y proveerles transporte escolar gratuito para asistir a la escuela. Como el fallo nunca fue apelado, la sentencia quedó firme y desde entonces el juzgado, la ACIJ, la Asesoría Tutelar y la Defensoría Oficial de la Ciudad supervisan que el Gobierno cumpla.
La causa siguió su rumbo y en septiembre de 2018, el Juzgado N° 12 constató que el Estado seguía sin cumplir con esa orden, ya que a por lo menos, al menos, 39 niños no les garantizaba el servicio de micros escolares. “Durante 2018 hubo varias denuncias de familias que afirmaban que sus hijos no tenían acceso a un asiento. La Asesoría Tutelar chequeó esas denuncias y a partir de eso se hizo una audiencia donde la jueza exigió al Gobierno porteño que informara cuántos chicos tenían asegurado el transporte y cuántos no”, dijo Robles Tristán.
De esta forma, el juzgado cercioró una “lisa y llana desobediencia a la demanda judicial” por parte del Ejecutivo porteño, ya que al menos 39 niños y niñas no contaban con el servicio de transporte escolar. Según advirtió ACIJ, el Gobierno pretendía cumplir la sentencia a través del sistema de boleto estudiantil.
Este 5 de febrero, el juzgado ordenó a Soledad Acuña pagar una multa de 3700 pesos. La resolución fue apelada por la ministra, quien ya hace unos meses había sido condenada a pagar una primera multa por el mismo motivo; esa multa también fue apelada por Acuña. “La multa es de carácter simbólico por no cumplir con el mandato de los tribunales de informar sobre el cumplimiento de sus obligaciones”, sostuvo Robles Tristán.