Más de 400.000 porteños no tienen garantizado el agua potable

Uno de cada siete vecinos de la Ciudad no tiene certificado que en sus canillas haya agua potable. Los datos surge de un relevamiento del Observatorio de la Ciudad, en el que se subraya que más de 400.000 porteños no cuentan con la prestación de los servicios públicos en igualdad de condiciones que el resto de la Capital.

«Si bien, la ley de la ciudad Nº 3.295 reconoce como un derecho humano el acceso al agua potable en cantidad y calidad suficientes para usos personales y domésticos, para quienes viven en las villas el goce de este derecho es utópico», explicó María Eva Koustovitis, coordinadora de la Cátedra de Ingeniería Comunitaria de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires.

Desde el 2006, la empresa Aysa posee a su cargo la prestación de los servicios de agua y saneamiento cloacal en la Ciudad de Buenos Aires y, de acuerdo con la normativa, debería garantizar el servicio de distribución de agua potable. Sin embargo, una cosa es lo que se debería hacer y otra, bien distinta, es lo que sucede. Según el relevamiento del Observatorio de la Ciudad, más de 400.000 porteños no tienen garantizado el acceso a agua potable: esa población (uno de cada siete vecinos) se radica en las villas de emergencia de la Capital.

«Si bien las villas de la ciudad se encuentran dentro del área de concesión de la empresa prestadora, en los hechos ésta únicamente presta el servicio público de distribución de agua potable y saneamiento hasta las periferias de las mismas», explicó Koustovitis. Eso sí, Aysa pronosticó un aumento del 48 por ciento para el 2019: 17 por ciento en enero y 27 en mayo. «El incremento se debe aplicar para contrarrestar los efectos de la inflación que afectan los costos de operación», dijo un vocero de la empresa.

Para explicar la ausencia de garantías de agua potable en las villas porteñas, la Coordinadora de de la Cátedra de Ingeniería Comunitaria dio como muestra la situación de la Villa 21-24, en el sur de la Ciudad.
Koustovitis relató que «a mediados de enero, un fuerte olor cloacal en el agua corriente se hizo presente en numerosas viviendas de las Manzanas 24, 25 y 29 y a los pocos días, desde la FIUBA acudimos a constatar la calidad del agua de consumo: entrevistamos a varias familias, constatamos la presencia de olor fecal en el agua corriente de varias viviendas y tomamos muestras del agua de consumo que fueron analizadas en un Laboratorio especializado». El resultado era específico: «La totalidad de las muestras analizadas corroboró que el agua se encontraba contaminada bacteriológicamente y no era potable«.

Los días que le siguieron al examen realizado por el Laboratorio de la Facultad de Ingeniería son, según Koustovitis, el fiel reflejo de la atención prestada por Aysa y las autoridades del gobierno. «Luego de presentar un Informe a los organismos correspondientes, el 8 de febrero, diferentes organismos de gobierno -Acumar, Aysa, Upe Cumar, y la Unidad de Gestión de Intervención Social, se hicieron presentes en el barrio para tomar muestras de agua de consumo en 7 (siete) viviendas» y agregó que, a diferencia del informe que realizó la Facultad de Ingeniería, «la metodología presentó diferentes irregularidades», entre ellas, que no fueron consensuados los lugares para extraer la muestra, el operativo no duplicó los ejemplares para compararlos en diferentes laboratorios, por citar algunas anormalidades.

«La crítica situación sanitaria que atraviesa la Villa 2124 compromete la salud y la vida de sus habitantes, por lo tanto, debe ser abordada con rigor técnico y de manera urgente. La profunda desigualdad en el acceso a los servicios públicos requiere de adecuadas políticas que garanticen el derecho humano al agua potable en los barrios populares: relevamiento y documentación de la infraestructura existente, control periódico de la calidad del agua de consumo, planes de contingencia consensuados con la comunidad para abordar las emergencias y la prestación de servicio por parte de AySA SA», cerró Koustovitis.