Los organismos sociales exigieron mejorar la accesibilidad en el subte: “En vez de recusar al juez, podrían arreglar los ascensores”

Por Jeremías Batagelj

Luego de que el juez Roberto Gallardo dispuso que los pasajeros viajen gratis si no funcionan las escaleras mecánicas o los ascensores, el gobierno no acató la medida sino que redobló la apuesta: a través de la Subterráneos de Buenos Aires (SBASE) pidió recursar al magistrado, al alegar “falta de imparcialidad” de Gallardo. Pero los organismos especializados en integración social advierten que el foco de las autoridades porteñas debería estar en otro lado. “Hay 51 estaciones que no tienen accesibilidad para personas con discapacidad. Y la tendencia es regresiva”, indicó a Diario Z, Silvia Coriat, secretaria general de la Fundación Rumbos.

En una acción conjunta, Metrovías y el SBASE decidieron recusar al juez Gallardo. Según un vocero del Gobierno porteño, argumentaron que, desde la Ciudad “se viene trabajando en el plan de accesibilidad, el cual se le presentó al juez, pero con esta medida Gallardo penaliza como si no se hubiese tomado ninguna medida”. La medida, que había dispuesto días atrás el magistrado del Juzgado N°2 en lo Contencioso Administrativo y Tributario, exponía que cualquier pasajero que, al llegar  a una estación se de cuenta que no andan las escaleras mecánicas o los ascensores, podrá solicitar que Metrovías no le cobre el boleto. 

A su vez, Gallardo indicó que en el caso de los usuarios que ya realizaron el viaje y salgan de la estación el usuario podrá acercarse a la boletería que se encuentre en la estación de que se trate y el personal de Metrovías SA deberá arbitrar los medios necesarios para reintegrar el importe en la tarjeta SUBE”, según la disposición que firmó el magistrado. El plazo para garantizar la accesibilidad comenzaba este lunes, aunque con el recurso que dispuso SBASE, la entidad que depende del gobierno porteño, el fallo aún no quedó resuelto.

“Repudiamos totalmente la intención del gobierno de mover esta problemática a un tema particular con un juez. Pero, a decir verdad, era esperable porque los funcionarios rechazan todo tipo de reclamos, por más constitucional y humano que sea”, relató Coriat.

La Fundación Rumbos, fundada en 1992, es una organización integrada por especialistas interdisciplinarios -compuestos por arquitectos, sociólogos y psicólogos- que impulsa la accesibilidad para todos, en un hábitat inclusivo, según informan en su sitio web. Coriat, secretaria general de la Fundación explica que “la problemática de los accesos no se da únicamente en subte” y agregó que “la gran mayoría de colectivos no cuentan con la rampa para que suban las personas con problemas de movilidad”. “Pero, potencialmente, el subte es el transporte que debería garantizar la accesibilidad a cualquiera: se detiene en todas las estaciones, los vagones se encuentran a nivel. Pero, repito, esto es en potencial. Ahora hay 51 estaciones que bloquean el ingreso o el egreso de personas con discapacidad”.

Otro de los argumentos que pone en la mesa el gobierno porteño es la Ley aprobada a fin de 2018, con el voto oficialista de Vamos Juntos y la UCR, que expone la Ciudad debe garantizar el acceso y egreso con discapacidad o movilidad reducida. Ahora bien, el plazo para efectuar las obras necesarias es de 20 años. “Es una vergüenza esa normativa. Primero porque el presupuesto que supuestamente costaría mejorar la accesibilidad en menos tiempo sería de 300 millones de dólares. Es un precio muy burdo”, explicó Coriat e indicó “además habría que preguntarles a los legisladores que aprobaron la medida ¿qué hacemos mientras tanto? ¿Por veinte años un miles de personas no van a poder ingresar al subte?”.

Según la información que ofrecía Metrovías en su página web, hasta el miércoles a la mañana, 31 escaleras mecánicas y 19 ascensores fuera de servicio. En total, 30 estaciones de subte no contaban con accesibilidad para personas con discapacidad o con problemas de movilidad.  Las líneas más comprometidas son la D, con 10 estaciones con 14 instalaciones que no funcionan; la B, con 7 estaciones con 13 equipos que no andan; la A, con 7 estaciones con 12 equipos rotos; la H, con cuatro estaciones con 7 instalaciones inmóviles, y la C y la E, con 2 estaciones con dos equipos sin funcionar cada una.

Pero eso no es todo: un estudio del Observatorio de los derechos de las personas con discapacidad precisó que cuando que se intentó viajar en silla de ruedas en 59 oportunidades desde estaciones que cuentan con ascensor, en 39 casos el viaje no se pudo realizar por falta de funcionamiento de los ascensores (60 por ciento).

Por último, si bien la Fundación Rumbos destacó la necesidad de multar a Metrovías, los integrantes de la organización aseguran que “esa medida no resuelve el problema”. “Lo importante es que la persona llegue a donde quiere ir. Una multa no resuelve el problema de la inaccesibilidad. El poder transportarse es un derecho humano: lo dice la ley nacional y también la Convención de Naciones Unidas que suscribió nuestro país. Por eso, hasta que se mejore la accesibilidad, debería existir para paliar la situación, un transporte gratuito, de forma transitoria, si o si, para las personas con problemas de movilidad”, reflexionó Coriat.