La marea verde volverá a mostrar hoy sus pañuelos para protestar por la dilatación de la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) a la niña tucumana de once años violada por la pareja de su abuela. La Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, región Caba, dará esta tarde una conferencia de prensa para “denunciar las maniobras de los anti derechos”.
“Una vez más, el Estado provincial, el Poder Judicial, el sistema de salud pública, en este caso el Sistema Provincial de Salud (SIPROSA) y los grupos fundamentalistas antiderechos operaron políticamente y en complicidad para negarle el acceso a este derecho como está especificado en el art. 86 inc. 2 del Código Penal desde 1921. Una vez más, el cuerpo médico de un hospital, en este caso el Hospital Eva Perón, se declara objetor de conciencia, luego de mantener cautiva a la niña durante cinco semanas con el fin de no garantizar la práctica médica de ILE recomendada por la Organización Mundial de la Salud para estos casos”, explicó, la Campaña, en un comunicado.
La cita será a las 17,30 en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación o bien -como lo denomina la Campaña- en el “ex Ministerio de Salud”, convertido en Secretaría. Como oradores se presentarán, según contó una vocera de la Campaña a Diario Z, Andrea Berra, integrante de la Red de Profesionales de la Salud por el derecho a decidir, Milena Páramo, miembro del Comité de América latina y el Caribe para la defensa de los derechos de las mujeres (Cladem), Maia Pérez, integrante de la Campaña y Leandro Cahn, director ejecutivo de Fundación Huésped.
“Demorar y dilatar la práctica de aborto, obligando a continuar una gestación y someter a la maternidad forzada a niñas víctimas de violación o abusos configura tortura. Una vez más, decimos, ¡Cesárea NO es ILE!”, reflexionaron en el documento.
El miércoles por la madrugada, en el hospital Eva Perón fue sometida a una cesárea la niña de once años que quedó embarazada por abuso sexual de la pareja de su abuela. La cesárea -no ILE- se dio luego de una dilatación de casi 30 días del la fecha en que la niña había expresado su voluntad de abortar. “Quiero que me saquen lo que el viejo me puso adentro”, había pedido la niña violada.
Tal como publicó Página/12, el Siprosa fue postergando la decisión de la interrupción del embarazo hasta que fue intimado el lunes por la jueza de Familia, Valeria Brand, a proteger los derechos de Lucía, que estaban siendo vulnerados. La provincia tuvo que convocar a última hora del martes a dos tocoginecólogos del sector privado para poder garantizar la práctica porque todos los profesionales de la salud del Hospital “Eva Perón”, se declararon objetores de conciencia, tal como reconoció su directora, Elizabeth Ávila, en una conferencia de prensa que brindaron la máximas autoridades de Salud de la provincia, con la ministra Rossana Chahla y el secretario Gustavo Vigliocco, a la cabeza.
“Una nena de esa edad tiene peligro de muerte porque no tiene el cuerpo desarrollado para continuar el embarazo”, relató Cecilia Ousset, la ginecóloga que participó junto a su marido de la dilata cesárea de la niña violada. La médica -que se reconoce como “objetora pero no obstaculizadora- expresó la niña “estaba en estado de shock”, al punto de no poder quitarse la ropa interior al momento de la cirugía.
“La nena jugaba con muñequitas. Cuando la vi, se me aflojaron las piernas, era como ver a mi hija menor. La chiquita no entendía del todo lo que iba a pasar”, indicó y agregó que “una nena de esa edad tiene peligro de muerte porque no tiene el cuerpo desarrollado para continuar el embarazo”.