El fiscal Carlos Rolero Santurian, a cargo de la Fiscalía N°31 de la Ciudad, imputó a 43 padres de estudiantes que el año pasado tomaron la escuela en señal de protesta por la desfinanciación de la educación pública. La caratula, en principio, es por impedir el ingreso o salida de lugares públicos o privados, aunque, en propias palabras del fiscal, los hechos pueden ser “aún más graves”. Los estudiantes aseguran que el Gobierno porteño busca sentar un precedente para evitar que la comunidad educativa reclame.
“Se trata de una maniobra burdamente ilegal y de claros fines de amedrentamiento a los y las adolescentes, sus padres y las y los docentes en general”, expresó a Diario Z, Eduardo López, secretario general de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE). “¿A titulo de que se acusa a sus padres o madres? Por donde se lo mire es una acusación absurda, orquestada por un gobierno que endurece su discurso autoritario y amplificado por sus medios afines”, agregó.
“Es la primera vez que se hace una imputación penal contra padres por la conducta de sus hijos”, contó, al diario Clarín, el fiscal Rolero y agregó que “por ahora la figura es la contravención, la cual no tiene pena de arresto y “sólo tiene una sanción de trabajo de utilidad comunitaria, que puede ser de uno o dos días, o una multa a partir de los dos mil pesos”.
La orden de la fiscalía se encuentra en la misma lógica educativa de Cambiemos. Tiempo atrás, el ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro aseguró que “en democracia no hay ninguna razón para que se tome un establecimiento educativo”.
“No descartamos para algunos casos la figura de usurpación, la cual ya se usó en algunos hechos del año pasado”, dijo el fiscal y agregó que “uno de los objetivos de este proceso es conseguir un precedente que marque la responsabilidad de los padres sobre la conducta de sus hijos, “o cual es muy importante para evitar futuras tomas”. En otras palabras, quien reclame en la escuela será sancionado. O al menos, sus padres.
“Si hay algo que queremos compartir para dejárselo claro a este gobierno es que no tenemos miedo de salir a luchar, que no tenemos miedo de ponernos de pie, que no tenemos miedo de salir a tomar los colegios. Si no nos dan lo que queremos se viene el estudiantazo”, había declarado Malena Briones, referente del Colegio Yrurtia, el 3 de octubre de 2018 luego que los estudiantes tomen la escuela para reclamar más fondos al Ministerio de Educación de la Ciudad.
Según informó el diario Clarín, el funcionario del Ministerio Público Fiscal marcó a 43 padres por ochos casos distintos ocurrido en 2018: además de las tomas en la Escuela Superior de Educación Artística en Artes Visuales “Rogelio Yrurtia; otra de las protestas fue en la Escuela Normal Superior N°1 “Presidente Roque Saenz Peña”. En junio del año pasado, a su vez, un grupo de alumnos tomó la Escuela Normal Superior N°6 “Vicente López y Planes”. El Mariano Moreno sufrió dos hechos, en junio y agosto. Y los dos últimos casos tuvieron lugar en la Escuela Técnica de Jardinería Cristóbal M. Hicken, en noviembre, y la Escuela Normal Superior N° 5 “Martín Miguel de Güemes”, en octubre.
