Un informe de la Auditoría General de la Nación dice que el 76 de las personas sigue recibiendo llamadas. También señalaron falencias en la difusión de la iniciativa, la tramitación de denuncias y la aplicación de sanciones.
Según un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN), tres de cada cuatro personas inscriptas en el registro No llame “siguió siendo contactada por empresas ofreciendo productos y servicios”.
El organismo de control arribó a esta conclusión tras hacer una encuesta vía mail entre 2.400 usuarios de la iniciativa, que nació en 2014, y que en septiembre del año pasado dejó de funcionar bajo la órbita de la Dirección de Protección de Datos Personales para pasar a ser un ente autárquico de la Jefatura de Gabinete.
“El registro No llame no es efectivo”, sentenció la investigación en relación a que el 76% de sus encuestados reconoció que continúa recibiendo llamados.
Sin embargo, los auditores añadieron que más de la mitad de aquel porcentaje “dijo no conocer las excepciones a la Ley 26.951 (que creó el programa), lo que podría implicar que los contactos no fueran indebidos en su totalidad”.
Según la norma, el registro busca “proteger a los titulares o usuarios del servicio de telefonía de los abusos del procedimiento de contacto, publicidad, oferta, venta y regalo de bienes o servicios no solicitados”.
En ese marco se señala que “quedan exceptuadas las campañas de bien público, las llamadas de emergencia para garantizar la salud y seguridad de la población, las campañas electorales, las llamadas de quienes tienen una relación contractual vigente y de quienes hayan sido expresamente autorizados por el titular o usuario”.
Pero hay otra excepción que tiene que ver con el propio funcionamiento del programa: es que, luego que una línea es dada de alta, las empresas tienen hasta 30 días para dejar de contactarse y respetar el derecho de bloqueo individual establecido en la Ley de protección de datos personales.
Más allá de esto, la Auditoría adjudicó la baja efectividad de la iniciativa a dos causas.
En primer lugar, el informe destacó “el bajo índice de denuncias realizadas por los inscriptos ante contactos indebidos”. Es que, de aquel 76% que seguía recibiendo llamadas, “solo el 28% manifestó haber denunciado”.
Y esto puede deberse, siempre según el informe, al “desconocimiento de la posibilidad de denunciar, causado por (una) deficiente difusión” -ver Solamente una vez-.
En segundo lugar, el organismo de control resaltó “la falta de eficacia en la tramitación de denuncias, la consecuente deficiencia en la imposición de sanciones a los sujetos obligados y el incumplimiento de (los castigos) impuestos”.
Como ejemplo de la falta de eficacia, los técnicos comprobaron que de 42 expedientes analizados, “solo en el 16% se dictó acto administrativo que ponga fin a la cuestión antes de los seis meses de iniciado y a un año de la primera denuncia”.