Padres y estudiantes rechazaron la imputación por las tomas de escuelas: “Los conflictos educativos jamás se van a resolver con denuncias judiciales”

La comunidad educativa salió a contestar ante el atropello de la Justicia porteña, quien en línea con el mensaje del Gobierno de la Ciudad, imputó a 43 padres por las protestas de los estudiantes en 2018. “La ministra de Educación busca construir un discurso de odio cargado de mentiras. Su objetivo es que les estudiantes no luchemos por nuestro derecho a la educación pública ni desarrollemos propuestas educativas, sino que nos encontremos atemorizades por la persecución que llevan a cabo en nuestra contra”, expresó una de las alumnas que participaron de la toma del Mariano Moreno en 2018

“Les estudiantes secundaries nos posicionamos como sujetos de derecho, tal como indica la ley 16.061 de Protección Integral de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. De esa forma, nos movilizamos año a año por construir una mejor educación para todes”, indicó Joaquín Santucho, Presidente del Centro de Estudiantes del Juan Pedro Esnaola y referente de la Coordinadora de Estudiantes de Base.

Los padres también salieron a defender la lucha de sus hijos. “Uno como padre se hace responsable del hijo, lo apoya en sus decisiones y le da consejos”, indicó Iván, papá de una alumna que participó de la toma del Mariano Moreno. “Yo estoy a favor del derecho a expresión que tienen los adolescentes. Y como mamá acompaño a mi hija. No se puede generalizar con las tomas. Hay que tener en cuenta que se trata de una decisión soberana y aprendizaje democrático: el centro de estudiante debe funcionar”, agregó otra madre -esta vez del colegio Roque Saenz Peña, al diario Clarín.

Ayer, el fiscal Carlos Rolero Santurian, a cargo de la Fiscalía N°31 de la Ciudad, imputó a 43 padres de estudiantes que el año pasado tomaron la escuela en señal de protesta por la desfinanciación de la educación pública. La caratula, en principio, es por impedir el ingreso o salida de lugares públicos o privados, aunque, en propias palabras del fiscal, los hechos pueden ser “aún más graves”.

“Es la primera vez que se hace una imputación penal contra padres por la conducta de sus hijos”, contó, al diario Clarín, el fiscal Rolero y agregó que “por ahora la figura es la contravención, la cual no tiene pena de arresto y “sólo tiene una sanción de trabajo de utilidad comunitaria, que puede ser de uno o dos días, o una multa a partir de los dos mil pesos”. 

El gobierno porteño, en cambio, se alineó a la postura del fiscal Carlos Rolero. La ministra de Educación, Soledad Acuña, dijo que “los adultos delegan el cuidado de los jóvenes en la escuela, pero son ellos los responsables por los actos de sus hijos” y agregó que “si el rector no está a cargo de la escuela debe comunicárselo a los adultos para que retomen su responsabilidad sobre los chicos y chicas”.

Tiempo atrás, el ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro había aseguró que “en democracia no hay ninguna razón para que se tome un establecimiento educativo”.

“Se trata de una maniobra burdamente ilegal y de claros fines de amedrentamiento a los y las adolescentes, sus padres y las y los docentes en general”, expresó a Diario Z, Eduardo López, secretario general de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE). “¿A titulo de que se acusa a sus padres o madres? Por donde se lo mire es una acusación absurda, orquestada por un gobierno que endurece su discurso autoritario y amplificado por sus medios afines”, agregó.