La ONU le pidió al gobierno que deje de «controlar excesivamente» a los manteros africanos

«Debe ponerse fin al excesivo control policial de los vendedores ambulantes de descendencia africana. En primer lugar, dada la falta de un fundamento jurídico que lo autorice, los arrestos sin orden judicial son ilegales. La brutalidad en torno a los arrestos hace que se violen aún más los derechos humanos», se destaca en el informe.

A contramano del deseo del gobierno, expertos de la ONU recomendaron al estado argentino «ponerle fin al excesivo control policial» con los vendedores ambulantes extranjeros. Esta recomendación tuvo lugar luego de la visita de tres especialistas de la cultura afroamericana que visitaron la Ciudad para conocer la integración de esa población . Además, los delegados de Naciones Unidas criticaron el decreto 70/2017, impulsado por Patricia Bullrich, que habilitó un procedimiento de detención y deportación express.

Los delegados de la ONU Sabelo Gumedze, Michael Balcezark y Ricardo Sung llegaron al país el lunes de la semana pasada. Ese trío, que compone el Grupo de Trabajo de Expertos de las Naciones Unidas sobre Afrodescendientes, tenía como objetivo conocer la integración de esa población en Argentina, con especial enfoque en la Ciudad de Buenos Aires, Santa Fe y Santiago del Estero. Una breve muestra de esa integración hizo que los delegados consideren que «sigue existiendo (en Argentina) una connotación negativa la palabra negro o negra«. «Al grupo le inquieta la situación de los derechos humanos de los afrodescendientes en la Argentina, en especial la invisibilidad de larga data y la persistente discriminación estructural», explicaron en el informe.

Pero, sobre todo, los delegados de la ONU hicieron foco en el represivo trato de las fuerzas de seguridad con la población afrodescendiente. El Grupo de Expertos hizo énfasis en las consecuencias negativas del decreto 70/2017, que habilitó un procedimiento de detención y deportación express bajo la asociación de la inmigración con delincuencia.

«Se debe realizar una investigación independiente y exhaustiva en relación con el accionar policial, a fin de monitorear e identificar a quienes cometen discriminación racial, actúan con violencia y roban la mercadería y, además, desarrollar recursos a los que puedan recurrir los vendedores y combatir la impunidad», indicaron en el documento con sello de la ONU.

Durante su recorrida, el equipo también tomó nota de «una subestimación de la población real de afroargentinos». «Los afrodescendientes en Argentina no gozan del pleno disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales: la discriminación racial estructural les impide disfrutar de los niveles internacionales mínimos para el desarrollo», dijeron. Apuntaron que «muchos niños y niñas afrodescendientes abandonan la escuela», que los adultos sólo acceden a «trabajos informales» y que los migrantes enfrentan «barreras para la obtención del permiso de residencia».

La comunidad de senegaleses que viven en la Ciudad de Buenos Aires denuncia, hace años, prácticas de violencia institucional por parte del Gobierno. Casi la mitad de esa población se dedica a la venta ambulante. El 14 de abril del año pasado, en medio de una protesta del barrio de Flores fue respondida con un operativo violento de la Policía de la Ciudad, en el que, además, una veintena de personas fueron detenidas. Un par de meses después, un vendedor ambulante -también de origen senegalés- quedó tirado sobre un charco de sangre después de que policías de la comisaría 50ª lo redujeran a golpes. Los uniformados golpearon al vendedor brutalmente y le provocaron un profundo corte en el brazo que le perforó una arteria y dañó sus tendones.