La Legislatura dio media sanción a un proyecto del Ejecutivo para legalizar el cerco que divide la Plaza de Mayo, al que la Justicia declaró ilegal. ESto implica modificar el Código urbanísitico.
La Comisión de Planeamiento Urbano de la Legislatura porteña emitió ayer dictamen en torno al proyecto del Ejecutivo local que convalida la instalación de rejas en la PLaza de Mayo, sobre las cuales rige una orden judicial para su retiro.
El cerco de seguridad está emplazado de modo transversal desde Avenida Hipólito Yrigoyen hasta Av. Rivadavia. por detrás de la Pirámide de Mayo, a la altura del eje de las calles Defensa y Reconquista. El expediente fue firmado por los diputados del oficialismo. La oposición rechazó la medida
La legisladora de Vamos Juntos, Victoria Roldán Méndez, quien preside la Comisión, explicó que “el proyecto en consideración viene a cumplir una manda judicial que dictaminó que la Legislatura debía modificar la normativa” que rige la disposición urbana en la zona.
La iniciativa enviada por el jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, pretende modificar el Código Urbanístico en el capítulo que abarca las áreas de protección histórica a instancias de una orden judicial que declaró “ilegal” al enrejado colocado por la administración porteña.
“La instalación del cerco de seguridad aludido tiene por objeto proteger, conservar y mantener el patrimonio y espacio público urbano, así como también garantizar las cuestiones relativas a la seguridad de los ciudadanos y de la Casa Rosada”, se indica en el proyecto.
Para Roldán Méndez, “las rejas buscan preservar la seguridad de la Casa Rosada y del Presidente, y son mejores que las vallas que habían anteriormente y que venían desde hace más de 15 años”.
El proyecto será debatido en el recinto en las próximas semanas y requerirá al menos de 31 votos para su aprobación y de una doble sanción, es decir dos debates legislativos y una audiencia pública destinada a que la ciudadanía pueda expresar su postura al respecto.
El Observatorio del Derecho a la Ciudad había presentado una acción de amparo a la cual el Juez Otheguy hizo lugar el 28 de diciembre pasado. Jonatan Baldiviezo, del Observatorio, puntualizó: “Este blanqueo de la degradación de nuestro patrimonio cultural soslaya que la Comisión Nacional de Monumentos, Bienes y Lugares Históricos ha rechazado las rejas. Su postura es vinculante para todos los poderes de la ciudad. La Legislatura no debería avanzar con la aprobación de este proyecto, de lo contrario estaría cometiendo otra ilegalidad”.
“Las rejas desde su instalación no sólo funcionan como medidas de seguridad frente a grandes concentraciones y protestas sino como una fragmentación permanente de un Monumento Histórico Nacional como es la Plaza de Mayo. Además, las fuerzas de seguridad están actuando con absoluta discrecionalidad definiendo quiénes y que uso del espacio público puede realizar la ciudadanía en el sector de la plaza detrás de las rejas. Un espacio público a la merced de la voluntad represiva de la policía”, añadió.