Apartaron al juez que resolvió que los pasajeros del subte viajaran gratis si no funcionaban las escaleras mecánicas

El gobierno porteño cumplió su cometido. Luego del fallo del juez Andrés Gallardo, que disponía que los usuarios del subte no paguen boleto si las escaleras mecánicas o ascensores no funcionan con normalidad, las autoridades del Gobierno -a través de la entidad Subterráneos de Buenos Aires (Sbase)- intentaron a toda costa frenar la resolución judicial, que contaba, incluso, con una disposición de otro juez. Ahora, la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario apartó al juez Gallardo y obligó al Gobierno de la Ciudad, a Metrovías y a SBASE dar una alternativa a discapacitados para poder acceder al uso del subte.

«Repudiamos totalmente la intención del gobierno de mover esta problemática a un tema particular con un juez. Pero, a decir verdad, era esperable porque los funcionarios rechazan todo tipo de reclamos, por más constitucional y humano que sea», relató, a Diario Z, Silvia Coriat, secretaria general de la organización que releva la accesibilidad en el transporte público, Fundación Rumbos.

Este nuevo fallo de la Cámara de Apelaciones ordenó remover a Gallardo y que en el plazo de diez días “implementen y pongan en funcionamiento un programa sustituto de traslado del colectivo involucrado” (discapacitados motrices) hasta que se dicte sentencia definitiva o se acredite el “regular cumplimiento del funcionamiento de las escaleras mecánicas y los ascensores”.


La medida judicial, a la que se oponía el gobierno, daba cuenta que
cualquier pasajero que, al llegar a una estación se de cuenta que no andan las escaleras mecánicas o los ascensores, podrá solicitar que Metrovías no le cobre el boleto. Así lo disponía el 13 de febrero Andrés Gallardo, del Juzgado N°2 en lo Contencioso Administrativo y Tributario, quien también indicó que en el caso de los usuarios que ya realizaron el viaje y salgan de la estación el usuario “podrá acercarse a la boletería que se encuentre en la estación de que se trate y el personal de Metrovías SA deberá arbitrar los medios necesarios para reintegrar el importe en la tarjeta SUBE», según la disposición que había firmado el magistrado.

Unas semanas después, en una acción conjunta, Metrovías y el SBASE decidieron recusar al juez Gallardo. Según un vocero del Gobierno porteño, argumentaron que, desde la Ciudad «se viene trabajando en el plan de accesibilidad, el cual se le presentó al juez, pero con esta medida Gallardo penaliza como si no se hubiese tomado ninguna medida».

La Fundación Rumbos, fundada en 1992, es una organización integrada por especialistas interdisciplinarios -compuestos por arquitectos, sociólogos y psicólogos- que impulsa la accesibilidad para todos, en un hábitat inclusivo, según informan en su sitio web. Coriat, secretaria general de la Fundación explica que «la problemática de los accesos no se da únicamente en subte» y agregó que «la gran mayoría de colectivos no cuentan con la rampa para que suban las personas con problemas de movilidad». «Pero, potencialmente, el subte es el transporte que debería garantizar la accesibilidad a cualquiera: se detiene en todas las estaciones, los vagones se encuentran a nivel. Pero, repito, esto es en potencial. Ahora hay 51 estaciones que bloquean el ingreso o el egreso de personas con discapacidad».

Otro de los argumentos que pone en la mesa el gobierno porteño es la Ley aprobada a fin de 2018, con el voto oficialista de Vamos Juntos y la UCR, que expone la Ciudad debe garantizar el acceso y egreso con discapacidad o movilidad reducida. Ahora bien, el plazo para efectuar las obras necesarias es de 20 años. «Es una vergüenza esa normativa. Primero porque el presupuesto que supuestamente costaría mejorar la accesibilidad en menos tiempo sería de 300 millones de dólares. Es un precio muy burdo», explicó Coriat e indicó «además habría que preguntarles a los legisladores que aprobaron la medida ¿qué hacemos mientras tanto? ¿Por veinte años un miles de personas no van a poder ingresar al subte?».

Hasta tres semanas atrás, según la información que ofrecía Metrovías en su página web, 31 escaleras mecánicas y 19 ascensores fuera de servicio. En total, 30 estaciones de subte no contaban con accesibilidad para personas con discapacidad o con problemas de movilidad.  Las líneas más comprometidas son la D, con 10 estaciones con 14 instalaciones que no funcionan; la B, con 7 estaciones con 13 equipos que no andan; la A, con 7 estaciones con 12 equipos rotos; la H, con cuatro estaciones con 7 instalaciones inmóviles, y la C y la E, con 2 estaciones con dos equipos sin funcionar cada una.

Por último, en la última audiencia pública, la empresas Subterráneos de Buenos Aires (SBASE) difundió su intención de llevar el pasaje en subte de los $16,50 que sale ahora a $21 en mayo. La propuesta que presenta Sbase estipula que en abril el precio del pasaje en subte que actualmente se encuentra en 16,50 pesos sin descuento, pase a $19 y el del Premetro de $6 a $7, mientras que en mayo será de $21 y $7,50, lo que significará incrementos totales del 27% y 25% respectivamente.