Por Jeremías Batagelj
El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, sigue con su misión de vender terrenos públicos para negocios inmobiliarios. Ayer envió un proyecto de ley a la Legislatura para que se rematen 12 lotes con el fin de “amortizar los intereses de la deuda”. Tan sólo 24 horas después y con la misma lógica, Rodríguez Larreta puso la firma para que la Ciudad se desprenda de tres edificios donde funcionan institutos de detención de menores con motivo de crear un “Centro Modelo de Reeducación y Reinserción Socio Educativa”, aunque no se aclara ni los costos de la construcción ni tampoco de la posible venta.
La iniciativa, que llegó a la mesa de entrada de la Legislatura, lleva la firma del jefe de Gobierno porteño para desprenderse del dominio público de tres inmuebles situados en los barrios de Balvanera, Monte Castro y Flores: allí funcionan el Instituto General José de San Martín, Instituto Manuel Roca y el Centro de Admisión y Derivación Llona Úrsula Inchausti, los tres dispositivos penales cedidos por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en 2016.
“Son edificios públicos que por su antigüedad, estructura y disposición edilicia no cuentan con las condiciones exigidas para brindar la atención de los adolescentes en el marco de la protección integral de derechos de niños, niñas y adolescentes”, fue la justificación expresada en el anteproyecto.
Pero si bien el objetivo es “la creación de un Centro Modelo de Reeducación y Reinserción Socio Educativa”, en el anteproyecto ya se enumera las características de edificación de los terrenos en venta. El proyecto del Ejecutivo impulsa nuevas normas urbanísticas en ese sector de Monte Castro que para conformar “zona destinada a la localización de vivienda de densidad media, comercio, servicios y equipamiento de escala urbana”. En otras palabras, modificar el código urbanístico para la construcción de nuevos edificios.
En ese sentido, precisa que se podrá edificar un área de hasta el 60% de la superficie de la manzana, con una capacidad constructiva máxima de 45.000 metros cuadrados y 16,5 metros de altura como tope.
Cabe destacar que el bloque Vamos Juntos cuenta con 34 votos y para llegar a los 40, el bloque Evolución -liderado por Martín Lousteau- suele acompañar las votaciones.
Lo poco que se conoció del supuesto nuevo centro es que será, de acuerdo al anteproyecto, “un dispositivo institucional destinado al cumplimiento de medidas privativas de la libertad ambulatoria, impuesta a adolescentes punibles e imputables, por la justicia penal juvenil o justicia criminal y correccional federal con asiento en la Ciudad”. El Centro se sustentará “en el principio de especialización en materia penal juvenil -por encontrarse destinado a personas en una etapa crucial de su desarrollo- lo cual exige que la totalidad de los actores implicados en el abordaje institucional deben enmarcar su tarea bajo el eje de intervención socioeducativa, superando la concepción punitiva de la medida”.
Ayer, este diario informó que un anteproyecto con firma del jefe de Gobierno porteño , ingresó a la Legislatura que tiene como principal objetivo “enajenar” 12 lotes para cancelar amortizaciones de deuda. Entre los terrenos dispuestos a vender se encuentran el polígono de la Villa 31 y parte del predio del Mercado de Hacienda de Liniers.
El proyecto de Ley consta de tres artículos: en los primeros dos se especifica autorizar “la enajenación” por parte del Poder Ejecutivo de inmuebles que habían sido cedidos por el Gobierno de la Nación, en un traspaso para financiar las obras del Paseo del Bajo. En total serán 12 terrenos: la mitad están ubicados en el polígono del Barrio “Padre Carlos Mugica” -mejor conocido como Villa 31- y del restante se encuentran un inmueble en la calle Bartolomé Mitre, en Plaza Miserere, y el 35 por ciento del Mercado de Hacienda en Liniers.
En el tercer -y último- artículo del anteproyecto se especificó las causas para vender los terrenos. Y allí, el texto es claro: el producto de las ventas que se realicen tendrá como destino específico “la cancelación de las amortizaciones de las deudas”. Según voceros del Gobierno porteño, contó Infobae, los haberes corresponden a la obra del Paseo del Bajo, en el financiamiento internacional aportó, a través de la Comisión Andina de Fomento, 400 millones de dólares. Sin embargo, en el proyecto que arribó a Legislatura, no se indica qué vencimientos de deuda se deberían pagar.