Por la venta irregular de La Rural condenaron a Menem y a Cavallo

El Tribunal Oral Federal 2 ordenó la detención del expresidente Carlos Menem y del ex ministro de Economía Domingo Cavallo, al considerarlos culpables de la venta irregular de los terrenos ubicados en Palermo. Los magistrados dictaron una pena de tres años y nueve meses a Menem por considerarlo «autor penalmente responsable del delito de peculado», en otras palabras, de malversación de fondos. A Cavallo, en cambio, la condena fue de tres años y seis meses por ser “partícipe necesario del delito de peculado”.

Ambos fueron inhabilitados de por vida para ejercer cargos públicos. 

Los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Giorini y José Michelini sentenciaron a prisión a los exfuncionarios por una operación de hace 27 años. El predio de La Rural, antes Parque Tres de Febrero, fue un bien de dominio público hasta 1991, cuando Menem recibió una propuesta para comprarlo de parte de la SRA y autorizó su venta por decreto el 20 diciembre de ese año.

El boleto de compra venta se firmó ese mismo día, con un pago inicial de 3 millones de pesos/dólares. La venta se hizo por 30 millones, en base a una tasación irrisoria –en lugar de la del tribunal de tasaciones– en la que participaron ex funcionarios del Ministerio de Economía y de los bancos Ciudad e Hipotecario.

La Fiscalía pidió que ambos sean condenados a penas de prisión y que el predio le sea restituido al Estado nacional. Sentados en primera fila, ni Menem ni Cavallo hicieron uso de su derecho a unas últimas palabras ante el tribunal. Por su parte, en el magistrado se dictaminó la absolución de los directivos de La Rural y no se ordenó la restitución del predio

La venta del predio ferial de Palermo a la Sociedad Rural se hizo en diciembre de 1991 a través de un decreto que firmó Menem. Cinco meses después, Cavallo suscribió el boleto de compra venta. La causa penal se inició en 1999. Dos décadas después, llegó el veredicto.

Es el quinto juicio que enfrenta Menem y su tercera condena. Las otras dos incluyen una por el caso de los sobresueldos pagados durante su gobierno (cuatro años y medio) y la otra por el tráfico de armas a Croacia y a Ecuador (siete años).