Por Jeremías Batagelj
La jueza Cecilia Lourido frenó la intención del Gobierno porteño de incluír las prácticas educativas laborales de forma obligatoria y obligó al Ministerio de Educación, que conduce Soledad Acuña, a que las reformas educativas sean aprobadas a través de un acuerdo de la comunidad educativa y no de forma unilateral por medio de una ley.
“Ya sea que se considere a la ‘Secundaria del futuro’ como una reforma o sólo como una profundización de la ‘Nueva escuela secundaria’ –como postula el GCBA-, en ninguno de esos casos es necesario que la modificación o profundización de los tópicos que abarca la ‘Secundaria del futuro’, exceptuadas las ‘prácticas educativas’, sea dispuesta mediante una ley. Sí se requiere, (…), el dictado de un acto administrativo”, argumentó la magistrada.
El fallo es contudente. La titular del Juzgado n.° 20 en lo Contencioso Administrativo y Tributario le ordenó al Poder Ejecutivo que se abstenga de implementar prácticas educativas laborales de carácter obligatorio. En su fallo, Lurido indica que esa resolución viola “la ley 3.541”, que dispone que tales prácticas sólo pueden ser voluntarias.
Asimismo, en la resolución judicial -que da lugar al amparo presentado por
los asesores tutelares Mabel López Oliva y Gustavo Moreno- la jueza reconoció que los estudiantes tenían derecho a la información pública del contenido de la reforma, ordenando que el Ministerio brinde en 10 días “la información pendiente sobre la infraestructura de los edificios de las escuelas pilotos donde se implementa la reforma, y cuál es previsión presupuestaria para ello”.
“Estamos convencidos de que es necesario reformar la escuela secundaria porque no acompaña, como institución, los cambios que se están haciendo en esta era de lo analógico a lo digital. Las transformaciones de los propios chicos, que son cableados en el siglo XXI y necesitan herramientas para cumplir sus sueños”, había dicho Acuña al defender la implementación del plan que en 2018 incorporó 16 escuelas y había pronosticado, según el proyecto, que se sumarían 44 escuelas en 2019; 44 en 2020 y otras 44 en 2021. Otras, con el fallo judicial, la implementación quedará en veremos.
Si bien no se conoció al por menor los detalles de la supuesta “Secundaria del Futuro” -ahora frenada por la propia Justicia- en un documento difundido por la cartera de Educación de la Ciudad, el plan implicará una reestructuración de los cursos, un cambio en la metodología de trabajo y una modificación en los modos de evaluación a los alumnos. El secundario quedará dividido en un ciclo básico de dos años, un ciclo orientado de igual duración y un “año integrador y formativo más allá de la escuela”, que estará repartido en dos partes: “50 por ciento del tiempo escolar destinado a la aplicación de los aprendizajes en empresas y organizaciones según talentos e intereses de cada alumno” y la otra mitad “destinado al desarrollo de habilidades y proyectos relacionados al emprendedurismo.
Patricia Sadovsky, doctora en Educación, profesora e investigadora de la Universidad Pedagógica Nacional, había explicado al diario Página/12 que si bien considera que “hay que ir hacia un cambio”, la especialista agregó que “claramente no es éste”. “Hay afirmaciones contundentes sin respaldo de investigaciones, y que surgen de los enunciados de la OCDE, con lo que se desconoce gravemente la producción local de conocimiento”
“Es importante enfatizar que todos tenemos preocupación por el desarrollo de la escuela, sobre todo de la secundaria, pero no nos basamos sólo en las evaluaciones Aprender, que es lo único que toma el gobierno. La escuela tiene una diversidad enorme, no se puede hablar de una escuela”, añadió.