Los empleos asalariados no registrados sumaron 4.850.000 en el tercer trimestre del año pasado, de acuerdo con las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censos, que son los últimos datos disponibles mientras el Senado comienza a debatir en comisión una ley de regularización del trabajo en negro.
Los últimos datos del mercado laboral indican que en enero se contabilizaron aproximadamente 12.112.500 trabajadores registrados, de acuerdo con la información suministrada por el Ministerio de Producción y Trabajo.
Sobre el total de los trabajos registrados, 6.170.000 empleos corresponden al sector privado, en función de los datos que surgen del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).
En cuanto a los puestos de trabajo asalariados no registrados, el dato oficial más actualizado hace referencia al tercer trimestre del año pasado.
En este período, según el Indec, los empleos no registrados sumaron 4.850.000, en tanto que los cuentapropistas llegaron a 4.960.000.
Los trabajos registrados de enero tuvieron una reducción respecto de diciembre de 2018, en términos desestacionalizados, de 0,1%; y de 262.400 trabajadores (2,1%) en relación con enero de 2018
En el sector privado registrado, en enero de este año hubo 175.000 trabajadores menos que en en el mismo mes del año pasado (2,1%).
Una ley que perdona a los precarizadores
El Senado comenzará hoy a discutir un proyecto de ley de regularización del trabajo no registrado y contra la evasión de la seguridad social, promovida por Cambiemos, durante un plenario de comisiones a la que fueron invitados los representantes de la Confederación General del Trabajo (CGT). El proyecto de ley lo presentó el último viernes en nombre de Cambiemos el senador nacional Roberto Basualdo.
La iniciativa contiene 21 artículos y propone, entre otros puntos, otorgar 365 días a los empresarios para blanquear trabajadores a cambio de una condonación del 100% de la deuda por capital, intereses, multas y punitorios.
El oficialismo plantea además que se exima a los empresarios de multas y se los retire del Registro de Empleadores con sanciones laborales si registran empleados, mientras que al trabajador se le computarán hasta cinco años de aporte.
Además, a los empresarios que contraten personal dentro de los 365 días desde la aprobación de la ley se les reducirán por dos años los aportes y contribuciones.
La norma también busca reducir la litigiosidad y establece para ello al salario mínimo como unidad de medida para fijar el monto de una multa.