El juez en lo Contencioso Administrativo y Tributario, Andrés Gallardo, ordenó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que prohíba las app de delivery, como Rappi, Glovo y Pedidos Ya. La medida judicial se da a raíz del incumplimiento con los requisitos mínimos de seguridad establecidos en el Código de Transporte, que afecta, en especial, a los repartidores. Según el último revelamiento, el 70 por ciento de los trabajadores no cuenta con ningún tipo de seguro y la mitad de ellos no usa casco para llevar los pedidos.
Además, el magistrado indicó a la empresas que ejecuten un plan de contingencia económica y social para todos los repartidores de las firmas involucradas, que compense la reducción de sus ingresos hasta tanto se normalice la situación. El Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, indicó Gallardo, también tiene que participar del plan de contingencia.
“Frente al hecho de que cualquier medida que se adopte resentirá el ingreso que perciben los trabajadores de mensajería. Situación que golpeará de lleno en un colectivo que ya padece situación de vulnerabilidad e informalidad y que no tiene responsabilidad alguna por el desmanejo operado en el área hasta el presente”, expresó Gallardo en el fallo.
La medida del magistrado -el mismo que el gobierno apartó de la causa por accesibilidad en el subte- se da luego del informe presentado al Juzgado por la Policía de la Ciudad: del total de los repartidores en bicicleta (417), el 67 por ciento circulaba sin casco, el 77 lo hacía con la caja de delivery sobre la espalda y el 70 por ciento no contaba con ningún tipo de seguro. En el caso de las motos la mayoría de los repartidores llevaba casco aunque casi la mitad cargaba la caja sobre los hombros y no poseía seguro alguno.
El año pasado se creó la Asociación de Personal de Plataformas (APP) para darle entidad a los reclamos de los miles de ciclistas y motociclistas que recorren la Ciudad entregando pedidos de todo tipo. Desde el sindicato tomaron el fallo con cautela: “Es importantísimo que el fallo descargue todo el peso de la ley sobre las plataformas pero el problema es que en la calle las multas recaen sobre los trabajadores. La Policía para a los repartidores como si fueran motochorros”, explicó a Página/12 Juan Manuel Ottaviano, abogado laboralista y representante de APP.
“Es necesario aplicar las medidas coercitivas necesarias para lograr que se dé cumplimiento estricto y sin demora a las disposiciones contenidas en el Código y en su decreto reglamentario, al menos en lo atinente a utilización de casco, de luces reglamentarias, y en caso de llevar caja portaobjetos, que la misma se encuentre asegurada al vehículo, así como existencia de seguro y de libreta sanitaria en caso de transporte de sustancias alimenticias (artículos)”, indicó el juez en la resolución judicial.
Según datos del Ministerio de Salud porteño, se atendieron en hospitales públicos al menos 25 repartidores, consecuencia de siniestros viales en la vía pública.