Siete grandes shoppings de la Ciudad no cuentan (o tienen vencidos) la habilitación ambiental dispuesta por el Gobierno de la Ciudad. El dato surge de un informe del Observatorio de la Ciudad, que relevó los centros comerciales en que la empresa IRSA tiene el mayor paquete accionario (Alto Palermo, Abasto Shopping, Alcorta Shopping, Patio Bullrich, Buenos Aires Design, Doy y Distrito Arcos) y detectó que todos ellos “están manchados con ciertos vicios de legalidad, en algunos casos, por omisión del Gobierno y en otros, con el aval explícito de las autoridades”, dijo a Diario Z, Jonatan Baldiviezo.
Pese a estar ubicado en distintos puntos de la Ciudad, los shoppings Distrito Arcos, Abasto Shopping, DOT Baires Shopping y Alto Palermo tienen varios puntos en común: los tres centros comerciales pertenecen a la compañía IRSA -cuyo mayor accionista es Eduardo Elsztain- y los tres shoppings no cuentan con los permisos ambientales vigentes.
En el informe se revela que el Distrito Arcos -ubicado en la manzana de Paraguay, Godoy Cruz y las avenidas Santa Fe y Juan B. Justo- el permiso ambiental venció, exactamente, hace un año (10/04/2018). Misma suerte corren el Alto Palermo -cuyo vencimiento se registra el 22 de septiembre del año pasado- y DOT Baires Shopping, en Saavedra, que pese a los conflictos con los vecinos del barrio, el informe del impacto ambiental está vencido hace más de cinco años. En tanto, el Abasto Shopping nunca contó con ese permiso.
De acuerdo a la Ley 123 de la Ciudad de Buenos Aires, para cualquier emprendimiento inmobiliario, es necesario realizar “el Procedimiento Técnico – Administrativo de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) para la obtención del Certificado de Aptitud Ambiental”.
Por su parte, los otros tres centros comerciales que pertenecen a IRSA (Patio Bullrich, Paseo Alcorta y Buenos Aires Design) también no tienen, según el informe, todos los papeles al día. En los tres casos, según el Observatorio de la Ciudad, se otorgó el permiso ambiental “y se categorizó la actividad como de impacto ambiental sin relevante efecto” y agregá que “de ese modo se viola la Ley N° 123 que establece que este tipo de actividades debe categorizarse como de impacto ambiental con Relevante Efecto y de esta forma la Agencia de Protección Ambiental autorizó a soslayar la obligatoriedad de llamar a Audiencia Pública”.
Por otra parte, en el informe también se explicita que algunos shoppings interrumpen el espacio público de todos los vecinos de la Ciudad. En un repaso por la historia del shopping del Abasto, el Observatorio de la Ciudad indica que el centro comercial “transformó una plaza pública een un espacio abierto privado del shopping impidiendo su acceso y uso en forma permanente e irrestricto porque está rodeada del edificio del Centro de Compras que determina el horario de su uso”. A su vez, en el Alto Palermo, “se viola la Ordenanza N° 35.856 que sólo autorizaba a construir sobre la calle Arenales un cruce peatonal y no instalar decenas de locales comerciales sobre una calle pública”.
El caso del Distrito Arcos merece un párrafo aparte. Semanas atrás, la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario obligó al gobierno porteño a destinar, al menos 23 mil metros cuadrados, a la construcción de un espacio público -preferentemente verde- en el centro comercial Distrito Arcos. El plazo que dio la Justicia a las autoridades porteñas fue de 60 días. IRSA, que había ganado la concesión del shopping al aire libre hasta 2037, paga 200 mil pesos por mes al Estado: el alquiler de un sólo local cuesta la mitad del canon.