Un día después de que la Cámara en lo Contencioso y Administrativo de la Ciudad declaró inconstitucional la normativa que obliga al propietario a pagar la comisión inmobiliaria, el gobierno de la Ciudad aseguró que apelará el fallo y que la Ley 5.859 -mejor conocida como Ley de Alquileres- permanece vigente hasta que defina el Tribunal Superior de Justicia porteño.
“Hoy la ley tiene plena vigencia porque el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires es quien debe definir“, indicó el Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) en un comunicado. “La Ciudad lo hace desde el derecho público, es decir, protegiendo el interés público de los miles de vecinos alcanzados por un contrato de alquiler”, se agregó.
El fallo de ayer tuvo como base los amparos presentados por el Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires (CUCICBA), el Centro de Corredores Inmobiliarios, la Corporación de Rematadores y Corredores Inmobiliarios y 75 corredores inmobiliarios matriculados.
Los integrantes de la Cámara en lo Contencioso, Administrativo y Tributario consideraron que la posibilidad de que los inquilinos se nieguen a pagar su porción de la comisión “tiene lugar a través de la presentación de un protesto”, un procedimiento judicial para rechazar una obligación de pago. “Las inmobiliarias tienen derecho a cobrarles tanto a propietarios como a inquilinos, ya que los corredores brindan un servicio para ambas partes”, expresaron los jueces.
Cabe destacar que, según el titular de Inquilinos Agrupados, Gervasio Muñoz, uno de los camaristas que integran la Cámara, Esteban Centanaro,
“tiene una sociedad anónima que se llama Cent, las cuatro primeras letras de su apellido, y se dedica a los negocios inmobiliarios, con lo cual falló a favor de sus propios intereses“.
“La ley fue promovida desde el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en 2017 con un solo objetivo: ayudar a los inquilinos en el camino del acceso a la vivienda en la Ciudad”, indicó el IVC. Esa norma fijó que la comisión inmobiliaria la paguen los dueños de las propiedades y no los inquilinos. Por otra parte, las inmobiliarias no puedan cobrar gastos por gestoría o administración. El propósito es reducir los gastos de ingreso a un inmueble.
A su vez, de acuerdo con la ley 5859, que fue aprobada en 2017, la comisión de la inmobiliaria no puede superar el 4,15% del valor del contrato y queda a cargo del locador, nunca del locatario, sublocatario o los eventuales continuadores de la locación.
El titular del Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires (CUCICBA), Armando Pepe, dijo hoy que el fallo que declaró la inconstitucionalidad de la Ley de Alquileres es “simplemente, nada más, una batalla ganada en esa guerra que continúa”.
Por su parte, un vocero de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) comentó que “si este fallo a favor de las empresas inmobiliarias quedase firme, ello representaría un duro golpe para más de un millón de inquilinos que residen actualmente en la Ciudad de Buenos Aires, y un nuevo obstáculo para el acceso a la vivienda de quienes precisan resolver su situación habitacional mediante el mercado de alquileres”.
De acuerdo con un informe del Programa de Atención a Inquilinos de la Defensoría del Pueblo, los alquileres en la Ciudad son los más caros de la historia y casi el 50 por ciento del sueldo se destina a pagar la renta. Además, en el informe se subraya que uno de cada cuatro inquilinos que consultan en el organismo “no juntan el dinero para pagar el alquiler, las expensas y los servicios”.