El 40 por ciento del alumnado porteño no fue incluido en el Plan de Salud Escolar


Solo seis de cada diez alumnos de la Ciudad de Buenos Aires recibieron el control sanitario que les corresponde. El dato aparece en un informe de la Auditoría General de la Ciudad (AGCBA), que analizó el funcionamiento del Programa de Salud Escolar (PSE) y en el que se detectó que, sobre un universo de 106.960 estudiantes, la iniciativa sólo llegó a 64.095.

Sin embargo, el jueves 25 de abril, un comunicado del Ministerio de Educación porteño anunció que «durante abril y los meses sucesivos» (sic) realizarán electrocardiogramas a los estudiantes de nivel secundario que aún no cuenten con el apto físico. «Luego de realizado el estudio, cada estudiante recibirá un turno en un CESAC (Centro de Salud) cercano a su domicilio para completar la revisión médica y la emisión del apto físico que presentará en su escuela.»

Lo notable es que las obligaciones de Ministerio de Educación respecto de la salud de sus alumnos van mucho más allá de un electrocardiograma. El objetivo del Programa de Salud Escolar es disminuir los riesgos del alumnado mediante controles integrales que garanticen que todos tienen acceso a la salud. Está dirigido a la totalidad de los alumnos y alumnas de escuelas públicas de la Ciudad, desde jardines maternales hasta adultos escolarizados, incluyendo a la educación especial.

Los controles deberían ser realizados por pediatras, enfermeros, odontólogos, fonoaudiólogos, trabajadores sociales, psicólogos y psicopedagogos quienes, con los móviles del programa irían a las escuelas con vacunas, balanzas, tensiómetros, tallímetros y demás herramientas de trabajo. Tras estas evaluaciones, la iniciativa se debe completar con la entrega de la Libreta de Salud Escolar.

Sin embargo, la Auditoría local observó que cuatro de cada 10 alumnos quedaron afuera y no se sabe si padecen enfermedades o necesitan tratamiento. Los médicos ya no visitan las escuelas por falta de recursos.

El organismo de control afirmó que “del 40% restante de los infantes que no fueron evaluados, se desconoce si padecían alguna enfermedad por la que debieran ser derivados, lo que implica que no recibirán tratamiento efectivo y oportuno”.

 

¿Con qué se encontró la Auditoría? 

El organismo de control, que aprobó su trabajo el año pasado sobre datos de 2015, observó que “ningún efector alcanza a cumplir la meta de examinar a todos los alumnos que se encuentran bajo su responsabilidad”, y añadió: “Los resultados más bajos se obtienen en educación media y especial”.

También sobre los efectores, el informe remarca que “no reciben información del Ministerio de Salud sobre la matrícula de alumnos a examinar”, y cada uno reúne esos datos -a su manera- al inicio del ciclo lectivo para proyectar metas y asignación de recursos.

Por ejemplo, trascendió que el Hospital Piñero intercambia mails con los colegios para acceder al listado de alumnos, mientras que en las salitas (los CeSACs) del área del Pirovano, esa comunicación es vía telefónica.

Pero, más allá de los centros de asistencia, las dificultades en el manejo de la información también aparecen en el Ministerio de Salud. Dijo la Auditoría que, si bien el área de estadísticas de la cartera tiene detalles sobre cantidad de alumnos examinados y derivados, “por el modo en que están estructurados los datos, no es posible obtener más que los totales por especialidad, de modo tal que se sabe cuántas fueron las atenciones, (pero) no cuántos niños recibieron tratamientos ni si los concluyeron”. 

No obstante, de aquella información estadística se desprende que, aunque todos los equipos cuentan con especialistas, “el 47% de los alumnos no fue evaluado en salud mental, en fonoaudiología el 48% y en odontología el 26%”. Además, los técnicos agregaron que “la encuesta nutricional no se realizó al 68% de la población a la que se efectuó el control de salud”.

No existe el seguimiento

Por otra parte, la AGCBA comprobó que “no se realiza el seguimiento de los alumnos a través de todos los años en que se practica el relevamiento”, es de decir que “cada ocasión de contacto, resulta aislada de la anterior y de la siguiente”.

Perlas de la Ley

En cuanto al aspecto normativo, el organismo de control apuntó que la Ley que dio origen al Programa de Salud Escolar, la 2.598, data de 2008 y, aunque la Ciudad tenía seis meses para reglamentarla, hasta ahora ese trámite nunca se completó.  

La Auditoría también resaltó que no se cumple el artículo 2 de la norma, que incluye en el universo de aplicación a alumnos de escuelas privadas, ya que la iniciativa “solo se ejecuta en el ámbito público”. 

Además, los de nivel terciario “tienen baja concurrencia a los controles y, aunque el Programa ofrece horarios disponibles de su recurso profesional, queda librado a la determinación individual el concurrir o no a realizarlo y cumplir con las obligaciones de control sanitario”, explicó el informe.

Recursos

Para completar, la AGCBA repasó los recursos disponibles del programa. En ese sentido, advirtió que “algunos equipos profesionales no concurren a las escuelas” y puso como ejemplo lo que sucede en el Hospital Piñero. Es que, según el texto, en este efector “la atención de los alumnos cambió (porque) en 2015 contaban con móviles para trasladar los equipos a los colegios y, en cambio, en la actualidad ya no existe esa posibilidad”. 

Asimismo, siempre en torno al Piñero, la investigación completó que “la mayor parte de las escuelas de la zona se encuentra en áreas de difícil acceso (como) barrios precarios, villas de emergencia y con altos niveles de inseguridad. De este modo, algunos de los equipos profesionales dejaron de trasladarse a las escuelas, provocando inconvenientes en el acceso de los alumnos al control”.

Por otro lado, los hospitales Álvarez, Zubizarreta, Durand, Fernández y Penna no tienen equipos completos de profesionales, enfermeros ni móviles. 

La carencia de médicos se advierte, por ejemplo, en que en el Piñero, “los controles de oftalmología y nutrición son realizados por pediatras ya que no hay profesionalesde estas especialidades asignados al Programa”. 
    
Frente a esto, el informe concluye que “la carencia de una estructura de personal propio y un presupuesto asignado al Programa, atentan contra el desarrollo de las acciones”.