La Justicia declaró como “derecho humano” al aire puro y exige acciones urgentes en el Riachuelo

En un fallo inédito, el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2 de Morón, magisterio que analiza la limpieza del Riachuelo, consideró como un derecho humano el acceso al aire sin contaminantes y ordenó a la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo (Acumar) monitorear los gases en el lugar y presentar informes de evaluación.

La resolución fue dictada por el juez federal de Morón, Jorge Rodríguez, uno de los magistrados que ejecutan la sentencia de la Corte Suprema de Justicia que ordena a los Estados nacional, bonaerense y porteño el saneamiento del Riachuelo y establece que, además del monitoreo, se presenten reportes de su evolución.

“La obligación de establecer un tope cuantitativo para la presencia de benceno en el aire está contenida en la resolución 2/2007 dictada -e incumplida- por la Acumar, con participación de la Nación, la provincia y la CABA. El daño a la salud que puede causar el benceno es muy alto como ya hemos expuesto en estos autos y la negligencia para controlarlo genera serias responsabilidades de carácter administrativo, económico y penal de los funcionarios”, expresó el juez en el fallo judicial.

Las ONG´s que integran el Cuerpo Colegiado encargado de monitorear los trabajos de saneamiento del Riachuelo, celebraron la medida. «La resolución del juez Rodríguez dice que es un derecho natural poder respirar aire que no contenga contaminación introducida por la actividad humana. Esto es un hito en el derecho ambiental nacional y seguramente tendrá repercusión en otros países”, expresaron y agregaron que “el 8 de julio de 2008, la Corte Suprema le ordenó mejorar la calidad de vida de las personas, recomponer el aire, el agua y los suelos, y prevenir daños futuros. Más allá de algunas mejoras cosméticas, ese mandato se encuentra incumplido. Las medidas sobre la calidad de las aguas y al aire, simplemente mantienen regulaciones anteriores que desde el siglo XIX toleran la contaminación”.

El magistrado le exige a Acumar que en el plazo de 20 días establezca un sistema de monitoreo para chequear la presencia de benceno en el aire. Además, el ente deberá presentar informes semestrales en los que se evalúen los riesgos para la salud que representa la presencia de los gases detectados. Y, para elaborarlos, deberá integrar las mediciones propias así como las elaboradas por la Provincia y la Ciudad.

En 2004, luego de más de 200 años de contaminación, un grupo de vecinos y organizaciones sociales interpusieron una acción de daño ambiental colectivo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El reclamo consistía en exigir la recomposición del ambiente y la creación de un fondo para financiar el saneamiento de la Cuenca. Así nació la “Causa Mendoza”. El 8 de julio de 2008 la Corte Suprema de Justicia de La Nación dictó un fallo histórico en el que responsabilizo al Estado Nacional, la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el deterioro de la Cuenca, intimándolos a que presenten un Plan de Saneamiento que recomponga el ambiente y mejore la calidad de vida de los habitantes de la Cuenca.

Sin embargo, desde el Cuerpo Colegiado denuncian que el curso de agua sigue contaminado. “El monitoreo de las aguas y del aire no muestran ninguna mejora. Sólo hubo arreglos cosméticos, como el retiro de cascos abandonados o de basura que flotaba”, sostuvo, en una entrevista con Diario Clarín, Raúl Estrada Oyuela, apoderado de la Asociación de Vecinos de La Boca, una de las organizaciones que integran el Cuerpo Colegiado.