Una ley permite que los privados «patrocinen» sin control parlamentario escuelas y hospitales

Toda la oposición votó en contra pero el bloque oficialista Vamos Juntos logró sancionar este jueves 16 una ley que crea el “Régimen de Patrocinio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. Se aprobó con 31 votos de la bancada oficialista y 24 negativos del resto de los legisladores.
Esto significa que, a cambio de publicidad, empresas privadas podrán financiar actividades y obras públicas. Por ejemplo, escuelas y hospitales. La oposición advirtió que “están planteando que los fondos que el Estado no va a poner para mantener escuelas, ciencia, salud, entre otros, los va a poner una empresa”.

Dicha norma, tal como expresa su artículo primero, se propone “propiciar la participación de personas humanas o jurídicas de carácter privado en el Sector Público” y define como Patrocinio “al aporte económico de carácter no tributario que realicen las personas humanas o jurídicas de carácter privado en contraprestación a la difusión del nombre, denominación, marca, imagen, productos y/o servicios del patrocinador”.

La ley determina que los “activos patrocinables” son:

– Programas, eventos y/o actividades de carácter cultural, educativo, turístico, social, tecnológico, comercial, deportivo y/o recreativo.

– Sedes e instalaciones.

– Restauraciones de entornos urbanos, edificios, monumentos, fuentes ornamentales, esculturas y toda clase de bienes muebles o inmuebles de interés histórico, artístico o cultural.

– Campañas de comunicación, concienciación y prevención en materia de salud, educación, cultura, seguridad vial y medio ambiente.

En cuanto a los aportes de los privados, se estipuló en la ley que podrán “consistir en una contribución en dinero y/o en la provisión de bienes y/o servicios. La provisión de bienes y/o servicios deberá servir a un fin público y guardar relación económica con el patrocinio”. A cambio, el gobierno de la Ciudad podrá publicitar el nombre y las actividades del patrocinador, sus productos o servicios.

Desde Unidad Ciudadana, el legislador Javier Andrade señaló:
«La primera crítica al proyecto es ideológica. Estamos en contra de que un privado se encargue de reemplazar la presencia del Estado, ya sea administrando presupuestariamente lo que debería hacer el gobierno o decidiendo qué bien o servicio brindarle a cualquier institución a cambio de publicidad». Y agregó: “Todo esto del patrocinio surge en la época de Margaret Tatcher y encima lo quieren aplicar en una época de ajuste en materia de educación y salud; una vez que se hace efectivo ese desfinanciamiento, aparece esta idea de financiamiento”.

“No queremos que Monsanto patrocine nuestra carrera de Biología ni que Calcaterra ponga su publicidad en las obras de la Ciudad”, dijo Laura Marrone, del FIT, según consignó el portal Parlamentario. Por su parte Gabriel Solano, del Partido Obrero, alertó que “están planteando que los fondos que el Estado no va a poner para mantener las escuelas, la ciencia, la salud, los monumentos históricos, entre otros, lo va a tener que poner una empresa”. Y remató: “Este proyecto es el peor de todos, no tiene ningún tipo de límites, le vamos a regalar a las empresas privadas el carácter ideológico de las actividades culturales de la Ciudad”.

“El espacio destinado a dar a conocer la persona del patrocinador en las campañas de comunicación, concienciación y prevención en materia de salud, educación, cultura, seguridad vial y medio ambiente, no podrá ser superior al 20% del total de cada anuncio”, es otra de las acotaciones.

No podrán ser patrocinantes todas las personas físicas o jurídicas inhabilitadas por la ley de compras y contrataciones de la Ciudad; tampoco los partidos políticos o candidatos a cargos electivos; ni agentes o funcionarios púbicos. No podrá tampoco publicitarse propuestas o propaganda político partidaria.

La norma sancionada, a su vez, prescribe que los anuncios que se difundan no pueden atentar contra la dignidad de las personas y vulnerar derechos o garantías consagrados constitucionalmente, así como queda prohibido “promover conductas discriminatorias, violentas o perjudiciales para la salud y/o el medio ambiente que puedan afectar la dignidad de las personas y/o menoscabar la imagen institucional del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires”.

Durante el debate, el diputado Maximiliano Ferraro (VJ) hizo de miembro informante y dio a conocer los detalles del proyecto que se iba a votar. Concluyó que la norma propuesta «permitirá aumentar la responsabilidad social empresaria y financiar acciones públicas en beneficio de toda la sociedad». García Vilas, en tanto, cerró la lista de oradores con refutaciones a las críticas opositoras.

Desde todos los bloques de la oposición se argumentaron razones para oponerse a la iniciativa oficialista. Hablaron al respecto Javier Andrade (UC), Marcelo Gouoman (Ev), María Rosa Muiños(BP), Roy Cortina (PS), Carlos Abrevaya (Gen), Marcelo Depierro (MJ), Laura Marrone (IS) y Gabriel Solano (FIT).

Las críticas referían a los supuestos fines recaudatorios injustificados, la falta de control parlamentario de los convenios que se suscriban entre el Estado de la Ciudad y los particulares, el riesgo de que el esponsoreo influya en los cursos de acción política en materias sensibles como educación, salud, justicia, cultura y otros, que se permiten muchas discrecionalidades de la autoridad de aplicación, que no queda claro cuáles son los objetivos que se buscan, que se trataría de «un avance privatizador» y que no hay claridad respecto de los límites para aplicar el patrocinio.