Macri vende 50 hectáreas del Playón de Chacarita, incluidas las que ocupan el barrio y los terrenos previstos para su urbanización

El presidente Mauricio Macri, a través del Decreto N° 345/2019, con fecha 10 de mayo de 2019, autorizó la venta de todo el predio donde actualmente se encuentra el Barrio Playón de Chacarita y los terrenos destinados para las viviendas nuevas, sin establecer su destino ni restricciones a la venta.  Se trata de un predio de alrededor de 50 hectáreas.

Un comunicado del Observatorio del Derecho a la Ciudad indica que “La autorización de venta indiscriminada de todos los terrenos abre las puertas para que predios desocupados y terrenos que se vayan liberando durante el proceso de integración social y urbana sean puesto a disposición del mercado inmobiliario y no para satisfacer las necesidades habitacionales del barrio y la ciudad”.

Las dos manzanas sobre Federico Lacroze que ocupa el Barrio Playón de Chacarita debían ser destinadas a la construcción de viviendas para las familias del Barrio “pero el gobierno tiene la intención de vender estos predios para otros de los tantos negocios inmobiliarios que está habilitando en los playones ferroviarios de la Ciudad”.

Insólitamente pusieron a la venta terrenos donde se van a relocalizar las familias.

En la misma situación –agregan- se encuentra el Barrio Carlos Mugica (Ex Villa 31-31 bis). La Legislatura actualmente está tratando un proyecto de ley, por el cual se autoriza la venta de todos los predios ocupados por el Barrio Mugica y aledaños desocupados, “también sin establecer con claridad cuáles serán destinados para la reurbanización y cuáles para el mercado inmobiliario que está sediento de hacerse con esos terrenos de gran valor para la especulación”.

Además de señalar la discrecionalidad con la que opera el Gobierno, desconociendo las Mesas Participativas. El Observatorio puntualiza que “los procesos de integración social y urbana llevados adelante por el gobierno de la Ciudad y el Estado Nacional cada vez se parecen más a procesos de expulsión lenta de las familias de estos barrios, de destrucción de las identidades barriales y de captura de estos suelos para futuros emprendimientos inmobiliarios suntuosos”.

«Este decreto presidencial debe modificarse y establecer que todo el predio sólo podrá ser destinado al proceso de reurbanización del barrio, para viviendas sociales para sus habitantes, y para equipamiento urbano.
También tanto el gobierno nacional como el gobierno de la ciudad deberían respetar la ley nacional 27453 de regularización de los Barrios Populares y adoptar medidas para que éste suelo público no termine en manos del mercado inmobiliario especulativo», opinó, en conversación con Diario Z, Jonathan Baldiviezo, del Observatorio.