Hay solo cinco geriátricos estatales y el cuidado de los mayores queda a cargo de las familias

Por Gisela Marziotta para Página/12

Las personas mayores de 65 años no son prioridad ni para el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta ni para quien fue su antecesor, Mauricio Macri. Por eso, en la ciudad de Buenos Aires solamente hay cinco residencias geriátricas que dependen del Ejecutivo porteño y únicamente dos están en terrenos de la Ciudad, las tres restantes están en la provincia de Buenos Aires y una de ellas a más de 500 kilómetros, lo que habilita sin ningún tipo de restricciones ni control el crecimiento del negocio privado.

El lucro con la mal llamada tercera edad no para de crecer en la ciudad, donde existen más de 600 residencias geriátricas privadas. Quienes no acceden a hogares estatales deben enfrentar los altos costos de los geriátricos privados, que varían entre los 45.000 y los 170.000 pesos mensuales, según los servicios y actividades ofrecidas, la atención requerida por el adulto mayor y la ubicación. Los valores también varían si se trata de una habitación individual o compartida. Al respecto, Vilma Paura, especialista en Planificación y Gestión de Políticas Sociales, señaló la escasa participación del Estado en el desarrollo de políticas públicas destinadas a las personas mayores. “Cuando el Estado participa en la atención y el bienestar de las personas mayores, garantiza el acceso a bienes y servicios más allá de la posibilidad de comprarlos en el mercado. En cambio, cuando no lo hace o tiene una participación restringida, esto queda librado a la posibilidad que tengan ellos y sus familias de poder pagar los precios del mercado e implica un riesgo de vulnerabilidad muy alto para las condiciones de vida de las personas mayores”, agregó.

En abril, la canasta básica de un jubilado porteño fue de casi 30.500 pesos, según datos del Defensor del Pueblo de la Tercera Edad en la Ciudad de Buenos Aires, Eugenio Semino. De acuerdo con esta medición, un jubilado necesitó 8.347 pesos para cubrir los gastos de vivienda –lo que equivale al 27 por ciento de la canasta–, 6167 para alimentos y 5965 para medicamentos. Si tenemos en cuenta que casi el 60 por ciento de los 7 millones de jubilados y pensionados en el país cobra el haber mínimo, de 10.400 pesos, es evidente que los números no cierran. 

En la Ciudad hay una fuerte tendencia a la internación temprana de las personas mayores en residencias de larga duración –lo que llamábamos geriátricos–, sobre todo en residencias de gestión privada y, simultáneamente, una creciente expansión del mercado en la atención del cuidado tanto a través de residencias como de los servicios de asistencia domiciliaria”, afirmó Paura. Para la investigadora, esta situación es alarmante ya que se contrapone con los principios establecidos en la Convención Interamericana de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, de 2012, a los que adhiere la Argentina. “Entre esos criterios, una de las recomendaciones es que las personas mayores puedan vivir el mayor tiempo posible en su propia vivienda y postergar solo a casos de extrema necesidad la institucionalización. Esto es interesante porque tiene que ver con preservar que las personas mayores puedan sostener sus redes de sociabilidad”, explicó.

Otra de las tendencias es la familiarización, es decir, que la responsabilidad del cuidado de los adultos mayores es de la familia. De hecho, el 5,1 por ciento de las personas mayores de 65 años en la Ciudad necesita ayuda para vestirse, bañarse o desplazarse. En más de la mitad de los casos, esa ayuda proviene de algún miembro del hogar o la familia. Para la gerontóloga Silvia Gascón, “esto es un error porque las familias solas no pueden”. “La familia lo que puede hacer, y casi siempre hace, es ofrecer el afecto, el acompañamiento y la contención de la persona mayor. Lo que no puede hacer es cuidar en el día a día a una persona mayor dependiente. Si lo hace en su casa, es altamente deteriorante para la persona cuidadora; esto está estudiado y se define como el síndrome de burn out del cuidador, que se refiere al altísimo desgaste físico y emocional”, explicó la directora del Centro de Envejecimiento Activo y Longevidad de la Universidad ISalud. Para hacer esta tarea –sostiene la especialista– las familias necesitan contar con servicios de apoyo, ya sea de cuidadores o centros de día. 

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Mientras que a nivel nacional el PAMI es el organismo que centraliza la prestación de servicios y bienes de cuidado a las personas mayores, en la ciudad esa tarea es responsabilidad de la Secretaría de Integración de las Personas Mayores, que depende del Ministerio de Desarrollo Social y Hábitat, a cargo de Guadalupe Tagliaferri. Pero tanto el servicio de atención gerontológica domiciliaria como las residencias de larga estadía están sometidas a pruebas de medios y de vulnerabilidad socioeconómica. “Lo que hay es una política pública focalizada en personas en situación de vulnerabilidad socioeconómica que establece como condición para poder acceder el integrar una familia con ingresos insuficientes para contratar la prestación. Y eso implica no sólo una baja provisión estatal, sino también un alto nivel de familiarización. Es decir, que se responsabiliza a las familias de la atención de las personas mayores cuando, en realidad, ellas tienen derecho en tanto ciudadanos, no en tanto padres o abuelos”, dijo Paura.

“En un momento de una crisis económica brutal como la actual, están compitiendo el destino de los recursos para solventar una residencia para mayores, la escuela de un hijo o la comida diaria. Entonces, está bien tener en cuenta la situación económica de las personas a la hora de que el Estado se tenga que hacer cargo, pero no se puede negar una prestación por cuestiones económicas”, señaló por su parte Gascón. “La desigualdad social que existe en la Argentina se expresa de la manera más brutal en las personas mayores, porque hay una serie de desigualdades acumuladas a lo largo de toda una vida. Entonces, llegan a la adultez mayor con menos condiciones de salud, con menos redes sociales y con ingresos insuficientes para hacer frente a una situación a la que el Estado no le está dando respuesta”, agregó.

Pese a que Buenos Aires forma parte del programa “Ciudades Amigas con los Adultos Mayores”, de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Paura sostiene que esto no se cumple. Y no solo por la falta de hogares y el deterioro de los mismos, sino también por la ausencia de políticas integrales. “Cuando se reconstruyen cuáles son los indicadores que verdaderamente hablan de una mejor calidad de vida para las personas mayores, vemos que muchos de ellos no se cumplen en la ciudad. Por ejemplo, el hecho de que los centros de día solo estén destinados para personas autoválidas –es decir, para aquellos que tienen autonomía para las tareas de la vida cotidiana– y que puedan trasladarse por sus propios medios, es una política muy restrictiva. ¿Qué pasa con las personas que tienen una pequeña dificultad al caminar o que usan bastón? ¿Con aquellos que no pueden subir a un colectivo y tampoco tienen plata para pagarse un taxi?”, se preguntó la especialista y también señaló que el colapso del transporte público, la falta de espacios públicos y de acceso a actividades recreativas, y hasta el mal estado de las veredas impactan en la autonomía de los adultos mayores para transitar y habitar la ciudad. Además, subrayó la falta de un hospital gerontológico, que pueda atender con las especificidades médicas que se requiere en la tercera edad, y de centros de día orientados a personas con dependencia, ya que los que existen en la actualidad están destinados a personas autoválidas. “Junto con los niños, los ancianos son la población más vulnerable. Es necesario que haya un hospital y una guardia de este tipo”, manifestó.

Estamos hablando de problemas estructurales que tiene la ciudad en relación a los adultos mayores, que son históricos. Pero lo cierto es que debe haber una actualización de esas políticas en función de los cambios en las tendencias demográficas: Buenos Aires es una ciudad envejecida y esa tendencia va en aumento. Si el Estado no participa, el mercado se expande y te condena: o comprás el servicio o que te cuide tu familia, si puede y quiere. Esa es un poco la fórmula en la Ciudad de Buenos Aires”, concluyó Paura.