Luego de la multitudinaria manifestación de los vecinos del barrio Carlos Mugica, que se trasladaron con antorchas hasta la Corporación Puerto Madero, la Legislatura porteña decidió aplazar la votación del proyecto de ley que dispone la venta de seis terrenos públicos de la ex villa 31, que serían usados para pagar parte del Paseo del Bajo.
Los vecinos afirman que esta norma -impulsada por el gobierno y que ya consiguió un dictamen de mayoría en comisión- deja la puerta abierta para que empresas privadas compren terrenos del barrio.
“No se necesita la enajenación de las tierras para dársela a los vecinos”, relató, a Diario Z, Marta Mamani, de la Mesa de Urbanización Participativa de la Villa 31. “Es todo un cuento para hacer negocios. Nada nos garantiza que no vendan nuestras casas”, agregó.
En enero del 2019, ni bien comenzaba el año, el gobierno de la Nación le cedió todo el polígono del barrio Padre Carlos Mugica al gobierno porteño con la premisa que, con ese traspaso, la Ciudad se haría cargo de los vencimientos de deuda del préstamo de la Comisión Andina de Fomento para construir el Paseo del Bajo. Por ese entonces, el director Nacional de Registro de Bienes Inmuebles, Santiago Aranguren, explicó que “el traslado aseguraría la regularización dominal de las viviendas en favor de los vecinos”. Según el último censo, de 2009, más de 40.000 personas viven en el asentamiento con 90 años de historia.
Sin embargo, el 22 de marzo, el Ejecutivo porteño, con Horacio Rodríguez Larreta a la cabeza, envió un proyecto de ley para “enajenar” los seis lotes que componen el barrio Carlos Mugica. Con el argumento de solventar “el financiamiento de programas de infraestructura en salud, educación y vivienda, como así también a la cancelación de amortizaciones de deuda”. Eso si, sin aclarar qué parte del porcentaje de las tierras se negociará con los vecinos del barrio y cuáles serían vendidos al mejor postor.
“En ningún lado del proyecto de ley se deja claro qué terrenos del barrio van a ser para que los vecinos sigan viviendo y cuáles podrían ser vendidos. Dejan la enajenación en una ambiguedad que puede ser perjudicial para nosotros”, indicó Mamani, de la Mesa Participativa.
Jonathan Baldiviezo, titular del Observatorio de la Ciudad, agregó que “sin saber cuál el porcentaje que se puede vender o qué sector de esos terrenos va a ser destinado a la urbanización. Y si el gobierno logra obtener la autorización más general para vender esas tierras, todo hace presumir que van a utilizar todas las estrategias posibles para que las familias se terminen yendo del barrio”.
“El proyecto deja mucho que desear en cuanto a información y todavía no queda claro cómo va a seguir porque lo presentaron de una forma muy general donde no se detalla para qué se van a vender esas tierras. Y eso es preocupante porque ponen a consideración un proyecto sin ninguna información de fondo”, aseguró la legisladora de Nuevo Encuentro, Andrea Conde.
Voto cantado
No bien el proyecto de ley llegó a la Mesa de Entrada de la Legislatura, se aceleraron las tratativas para que pase por la Comisión de Presupuesto. Los vecinos, sin embargo, confiaban en que el oficialismo no iba a contar con la mayoría especial de votos (se necesitan cuarenta, de los cuales el Pro cuenta con 34) para que pueda aprobarse la venta de esos terrenos.
Pero una vez que se acercaron para hablar con los legisladores de los bloques opositores, se llevaron una desazón gigante: “Fue justo en el momento que se repatían las alianzas. Y nos dimos cuenta de que los legisladores de UNEN y el Partido Socialista no apoyan las reformas que pedíamos”, indicaron, a este diario, miembros de la Mesa de Urbanización Participativa. “Hasta que la presidenta del bloque de UNEN nos confirmó que iban a votar a favor del proyecto oficialista”, agregaron.
El 13 de junio, la Comisión de Presupuesto aprobó el dictamen de mayoría para la enajenación del polígono de la Villa 31, que afecta a las 44 mil familias. Una semana después, se conoció que Martín Lousteau, líder de UNEN, será candidato a primer senador por Juntos para el Cambio, mientras que el Partido Socialista, con Roy Cortina a la cabeza, también irá en la lista oficialista.
“Vamos a seguir luchando por lo que es nuestro”
Pese a la situación desfavorable en el recinto parlamentario, los vecinos de la Villa 31 no se quedaron de brazos cruzados. El martes pasado, más de 5 mil personas se juntaron en una de las entradas del barrio para impedir la votación.
“Fue una marcha impactante. Pasamos por el Paseo de la Mujer y fuimos hasta la Corporación (Antiguo) Puerto Madero para decirle al gobierno que no pueden hacer eso con nuestras tierras”, relató a Diario Z el arquitecto Gustavo Cañaveral, quien asesora a la Mesa Participativa. Y agregó: “En el momento nos enteramos que la votación había pasado del jueves (27 de junio) al 4 de julio. Se ve que algo de ruido hicimos”.
Los vecinos indican que no hace falta “vender” las tierras para que los residentes sean propietarios. Y citan como argumento la ley 6129 de urbanización del Barrio Carlos Mugica, en la cual se oficializa la venta de terrenos a los habitantes de la villa 31.
Llegado el caso, piden que en el recinto se firme el proyecto de ley del legislador Mariano Recalde, quien cambia las palabras del proyecto oficial para que quede registrado que los lotes en donde viven los vecinos no puedan ser vendidos a las empresas privadas. “Autorizase la transferencia de dominio a sus actuales habitantes. La transferencia podrá hacerse únicamente a personas físicas y/o los consorcios de propietarios formados por ellas en los términos del Título V del “Propiedad Horizontal” del Código Civil y Comercial de la Nación”, especifica ese proyecto.
