Este mediodía, la Legislatura porteña aprobó la transferencia de la jurisdicción de las centrales eléctricas Edenor y Edesur. Sin embargo, en la letra chica, los legisladores opositores cuestionaron la condonación de la deuda (las empresas deberán invertir 7 mil millones de pesos que debían al Estado) y el futuro de los 400 trabajadores del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (Enre).
“El proyecto de ley del Gobierno convalida tácitamente una condonación de deuda millonaria a las empresas, en perjuicio del Estado y de los usuarios, que no representa una mejora del servicio”, expresó el legislador del Bloque Peronista, Roberto Santiago. Y añadió: “Celebramos que se dé un paso más en la autonomía de la Ciudad, pero un tema de tanta importancia no se trata solo en tres meses. El Ejecutivo manda propuestas que luego no admiten discusión ni mejoras. Estamos perdiendo una oportunidad para corregir los problemas que vivimos los porteños respecto al servicio de energía eléctrica”.
El proyecto había sido enviado por el Ejecutivo porteño, luego de un acuerdo con la Presidencia de la Nación. En la votación, los legisladores que dieron la mayoría fueron del bloque oficialista Vamos Juntos, junto a los legisladores de Evolución y el Partido Socialista, mismo tándem que aprobó la enajenación del polígono de la Villa 31. La medida prevé que la Empresa Distribuidora Norte SA (Edenor) y Empresa Distribuidora Sur SA (Edesur) pasen a estar sujetas a la jurisdicción de la provincia y el distrito capitalino
Uno de los puntos más criticados del proyecto fue la decisión de permitir que tanto Edenor y Edesur paguen la deuda que mantienen con el Estado a partir de un proyecto de reinversión.
“La falta de cumplimiento de las obligaciones por parte de las empresas es evidente. Lo que pasó con Edelap en la ciudad de La Plata y el apagón nacional que ocurrió el Día del Padre, son una muestra de la falta de inversión y de planificación por parte de las prestadoras del servicio, y de un Estado que no sabe o no quiere controlarlas”, dijo Santiago y agregó que “ la tarifa de energía eléctrica aumentó más del 1.500 por ciento desde el 2016, se siguen registrando cortes y graves fallas en el servicio. Entonces, ¿este traspaso representa un beneficio real para los vecinos o para quién?”.
En la misma línea, Paula Pennaca, legisladora de Unidad Porteña aclaró que “se está a favor de completar la autonomía de la Ciudad pero no de perjudicar a los ciudadanos en pos de ese objetivo” y consideró que “con estos convenios lo que termina ocurriendo es que se languidece el control sobre los servicios”. “Nos preocupa la falta de transparencia de este convenio, el cual está sospechado de ser una verdadera estafa tanto para los vecinos como para el propio Estado”, advirtió.
Por otra parte, el proyecto aprobado sostiene “la constitución de un nuevo organismo de control, que opere bajo la órbita de la Provincia y de la CASA y que, oportunamente, cumpla las funciones que hoy lleva a cabo el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE)”. Los casi 400 trabajadores del ENRE cuestionan qué aún no tienen las garantías de saber si van a conservar los puestos de trabajo. “¿Qué va a pasar con los trabajadores del ENRE? Si existe la decisión política de privilegiar la conservación de las fuentes de trabajo, hubiese sido importante que existiera un artículo que lo detalle”, concluyó Santiago.