Con toda tranquilidad, las empresas de delivery trabajaron todo el fin de semana. Los repartidores se vieron circular, a pesar de la prohibición judicial, por toda la Ciudad. El juez Andrés Gallardo, titular del Juzgado Contencioso Administrativo y Tributario N° 2, había ordenado el viernes la suspensión inmediata de la actividad de las empresas de aplicaciones de deliveries Rappi, PedidosYa y Glovo en la ciudad de Buenos Aires.
La Policía requisó algunos pocos pedidos, cumpliendo con la requisitoria del Poder Judicial. Los controles se instalaron en seis puntosde Capital entre las 11 y las 14 y las 20 y 24. “Los efectivos identifican a los repartidores y se les secuestra la caja con los alimentos. No se los detiene”, precisaron desde la Policía.
Según informó, la Secretaría de Transporte y Tránsito de la ciudad de Buenos Aires apelará el fallo por entender que atenta contra la libertad de trabajo. Ninguna de las empresas apeló el fallo.
Rappi a través de un comunicado, manifestó su preocupación, lamentó la decisión judicial y aseguró que apelará el fallo. Pedidos Ya, en abierto desafío, anunció que “la compañía continúa trabajando y cooperando con el Gobierno de la Ciudad para mejorar los estándares de la actividad”. Glovo mantuvo su actividad y solo informó que su equipo legal continúa trabajando.
La medida cautelar se dictó a pedido de la Asociación Sindical de Motociclistas Mensajeros y Servicios ASIMM. Las plataformas tienen dos días para entregar lo pedido, hace 7 meses, según dice el comunicado del Juzgado de Feria Contencioso Administrativo y Tributario número 2.
El juez ordenó a las empresas de tarjetas de crédito el bloqueo de las operaciones que soliciten hacer uso del servicio de estas aplicaciones.
Gallardo también ordenó a las aplicaciones que entreguen a la justicia una lista de sus repartidores para de esta manera tener un mayor control sobre los deliveries que se mueven por la ciudad.
La semana pasada se difundió un video en el que “la base” de la empresa Glovo
luego de que uno de sus repartidores fuera atropellado cuando repartía pizza. La
única preocupación de la empresa fue el estado del paquete, y en ningún momento
la salud de la persona que lo llevaba.
La resolución por parte de ese tribunal buscaba impedir que continúen produciéndose accidentes, prevenir y evitar situaciones de manipulación indebida de alimentos y evitar la distorsión de los sistemas de distribución.
La medida cautelar tiene como objetivo hacer respetar lo ya resuelto el pasado 10 de julio por una Cámara de Apelaciones. A partir de ese primer fallo las aplicaciones contaban con 10 días para regularizar su actividad o prohibir que sus repartidores circulen sin casco e indumentaria reflectiva, según lo publicado en la página del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires.
La resolución por parte de ese tribunal buscaba impedir que continúen produciéndose accidentes, prevenir y evitar situaciones de manipulación indebida de alimentos y evitar la distorsión de los sistemas de distribución a fin de que no sean utilizados para consumar ilícitos.
Gallardo dijo que estos mismos requerimientos se comunicaron a las empresas hace siete meses pero sin un cumplimiento efectivo.