Glovo, Rappi y Pedidos Ya continúan burlando a la Justicia

Repartidores de las aplicaciones Glovo, Rappi y Pedidos Ya continúan trabajando sin sus uniformes y eludiendo los controles de la Policía de la Ciudad, que se limitan a labrar infracciones desde principios de agosto por una medida judicial que intima a las empresas a que sus trabajadores cumplan con todas las normas de seguridad.

Si bien los trabajadores argentinos de estas aplicaciones que cuenten con la documentación al día trabajan sin inconvenientes, una gran cantidad de migrantes venezolanos arribados a nuestro país en los últimos meses deben circular de manera clandestina ya que aún no lograron tramitar la libreta sanitaria que exige el fallo.

En una plaza del barrio porteño de Palermo, Télam pudo dialogar con trabajadores argentinos que vestían los uniformes de las aplicaciones y con migrantes venezolanos que trabajaban con sus ropas particulares, mientras enla vereda de enfrente agentes de la Policía de la Ciudad y la secretaría de Tránsito porteña detenían repartidores en motocicleta que llevasen mochilas de estas empresas.

Daniel, un argentino que llevaba la campera, la gorra y la mochila naranja de una de estas aplicaciones, contó a Télam que «en los controles nos piden el casco, las luces, el chaleco, que la mochila vaya atada, nuestro documento y la libreta sanitaria; los que tenemos todo en orden podemos trabajar sin problemas, aunque cada vez que te paran te demoran y eso te puede complicar el pedido».

«Los que sufren más este problema son los venezolanos, porque la mayoría son recién llegados y como migraciones demora con los trámites no pueden sacar la libreta sanitaria, así que tienen que laburar evitando que los enganche la policía», agregó.

Rodrigo, uno de los jóvenes venezolanos que esperaba en la plaza a que la aplicación le envíe un viaje, contó a Télam que «trabajar así es muy complicado e injusto, porque a nosotros nos caza la policía por querer trabajar pero a los que andan por este mismo barrio robando bicicletas nadie les dice nada».

«Yo desde principios de mes estoy trabajando sin el uniforme y con una mochila escolar, lo que es un problema porque hoy por ejemplo se me volcó un pedido y lo tuve que pagar yo, además sin poder usar las mochilas cuadradas de las aplicaciones tampoco podemos llevar pizzas y perdemos esos viajes», detalló.

El joven añadió que «con mis amigos llegamos hace tres meses y si arrancamos a trabajar a las 8 de la mañana y cuando se acaba el turno pedimos seguir hasta la noche podemos llegar a hacer entre 900 y 1.000 pesos por día, y con eso tenemos que cubrir la parte del alquiler compartido que es de 5.000, más la comida, más pagar los trámites de residencia para poder sacar el DNI y hacer la libreta y poder trabajar sin miedo».

Marco, un joven venezolano de 20 años que arribó a la Argentina hace seis meses, dijo a Télam: «desde que salió esta medida judicial trabajar se nos ha hecho muy difícil porque cuando nos detiene la policía nos infraccionan y en muchos casos nos incautan el pedido, y perder un pedido puede ser perder más de medio día de trabajo».

«Con otros repartidores nos mantenemos en contacto por mensajes o redes sociales para avisarnos dónde están los operativos policiales y así poder eludirlos, además la mayoría de los venezolanos estamos trabajando sin la ropa de las empresas para que no nos paren», apuntó.

En el control policial que funcionaba en Serrano y Honduras los agentes detenían a todos los repartidores en motocicleta que llevasen mochilas de algunas de las aplicaciones, mientras que personal de la Secretaría de Tránsito porteña revisaba su documentación y medidas de seguridad y levantaba infracciones de ser necesario.

El 2 de agosto, el juez porteño Roberto Gallardo decidió suspender las actividades de estas empresas en tanto y en cuanto sus repartidores no cumplan con la normativa vigente que establece la obligatoriedad de circular con uniforme refractario, casco, documento y libreta sanitaria, entre otros requisitos,

Gallardo ordenó también que la Policía de la Ciudad, en caso contrario, «decomise» las mercaderías que transportan estas empresas.

Fuente: Télam