Ambientalistas dicen que la importación de residuos, que decretó el gobierno, convertirá al país en un basurero del mundo

Organizaciones no gubernamentales y cooperativas de recuperadores afirmaron hoy que el decreto sobre importación de residuos peligrosos, publicado la semana pasada en el Boletín Oficial y que autoriza el ingreso de material reciclado, convertirá a la Argentina en «el basurero del mundo», mientras que desde el Gobierno aseguraron que la norma «no afectará a los trabajadores» y establece «más controles de calidad».

El decreto 591/2019, que modifica algunos artículos de las ordenanzas 181/1992 y 831/1993, mantiene la prohibición de importar residuos, excepto cuando sean «reciclados o recuperados para otros usos».

«Aquellos residuos que pasan por operaciones adecuadas y suficientes de tratamiento (…), dejan de ser considerados como tales y son destinados a un proceso productivo e incluso comercializados como insumos, materias primas o productos, tales como los desechos de papel y cartón, la chatarra ferrosa y de aluminio, los desechos de material plástico y el cascote de vidrio», dice el texto.

También establece que ya no será obligatorio presentar un certificado del país de origen que acredite que no se trata de residuos peligrosos para la salud o el ambiente.

«Esta norma dice que los residuos que fueron valorizados y dejaron de serlo podrán ingresar para formar parte del proceso productivo, siempre y cuando cumplan con condicionantes y ciertas normas de calidad», aseguró a Télam Juan Trebino, subsecretario de Fiscalización y Recomposición de la Secretaría de Ambiente de la Nación.

Sin embargo, la Confederación Argentina de Trabajadores Cooperativos Asociados (Conarcoop), rechazó la modificación y dijo estar «preocupada» ante la «falta de controles y políticas públicas que permitan el desarrollo de la gestión de residuos y reciclado».

«Hasta ahora, para importar residuos se debía pedir una autorización ante la Secretaría de Ambiente que certificara sus condiciones. Con la nueva normativa se quita ese control a materiales reciclables como cartón, papel y plásticos, permitiendo su importación indiscriminada», afirmaron en un comunicado.

Para la Conarcoop, el nuevo decreto «excluye y niega la realidad social que atraviesan más de 150.000 cartoneros que trabajan en las calles y desplaza a las cooperativas de reciclado y sus asociados».

«Nos parece un despropósito que se traigan residuos de otras naciones, que incluso pueden venir mezclados con otros que acá no podemos tratar como las pilas. Expresamos nuestra extrema preocupación por la seguridad ambiental del país, así como también por la exclusión de los sectores más vulnerables», dijo Ramiro Martínez, presidente de Conarcoop.

Leonel Mingo, miembro la organización ambientalista Greenpeace, coincidió con Martínez, y opinó que el nuevo decreto «convertirá a la Argentina en el basurero del mundo».

«La ley de residuos anterior exigía al país de origen de los residuos un certificado de inocuidad, en cambio ahora, esos residuos serán recepcionados y se certificará acá su calidad, pero no podremos devolverlos si llegaran a tener alguna sustancia tóxica», denunció.

El activista afirmó que el país «tiene una pésima gestión de residuos que excede al gobierno actual», y consideró «una locura» agregar «toneladas de basura de afuera».

«Vamos a presentar un amparo junto a otras organizaciones, porque esto implica una regresión ambiental y es anticonstitucional. Esperamos tenerlo listo para la semana que viene, porque hay que parar este decreto urgente», advirtió.

Sin embargo, Trebino insistió en que la normativa apunta a la «valorización de los residuos y a la economía circular, protegiendo la recuperación y el reciclado».

«Quiero llevar tranquilidad a aquellos cuyas economías estén relacionadas con la recuperación de residuos. Ningún sector que viva de la recuperación o el reciclado se verá afectado», aseguró.

Consultado sobre los certificados de inocuidad, el funcionario señaló que «ningún país lo emitía desde 1992», y aclaró que lo que existía era «un certificado de no peligrosidad, que se ajustaba a las normas de la nación dueña de los residuos, pero no a las realidades locales».