Resisten un megadesalojo en Parque Patricios: “No nos sacaran de nuestras viviendas”, dicen 106 familias

Entre el miércoles y el viernes de esta semana, las 106 familias que viven en el viejo edificio de la fábrica textil Selsa, en el barrio de Parque Patricios, van a quedar en la calle. La orden de desalojo fue dictada por el juez Fernando Jorge Virginio Cesari para los días 18, 19 y 20 de septiembre. Ni el juez ni el gobierno porteño han previsto ninguna alternativa para los futuros desalojados.

El edificio de Santa Cruz 140, en Parque Patricios, está habitado por 106 familias: una 350 personas, de las cuales 131 son niñas, niños y adolescentes. La Justicia porteña determinó un desalojo inminente, que comenzaría a orquestarse mañana.

En ese edificio funcionó hasta la década de 1990 la fábrica textil SELSA. Luego de su quiebra, el lugar permaneció deshabitado hasta que en el año 2002 un grupo de familias que se encontraba en graves condiciones de vulnerabilidad comenzó a vivir allí, acondicionándolo para poder habitarlo y pagando los servicios desde entonces.

En 2010, las familias participaron de una subasta pública para intentar comprar la casa en la que vivían, pero quien acabó obteniéndola fue el empresario Leonardo Ratuschny, que adquirió el inmueble y solicitó el desalojo de las personas que habitaban allí desde hacía años.

Los vecinos dicen que el hombre que compró el edificio está ligado a la mafia de los hoteles.

Mientras las familias anticiparon que van a resistir, la organización social ACIJ se sumó a su lucha intentando frenar el proceso. Un comunicado de los vecinos afirma: «Venimos enfrentando un juicio de desalojo desde el año 2010 cuando en el contexto de una quiebra fraudulenta el edificio fue rematado con nosotros dentro. Desde entonces que venimos luchando por nuestro derecho a una vivienda digna. Pero nuestros reclamos han sido desatendidos por el gobierno y por el Instituto de Vivienda de la Ciudad que presidido por Juan Ignacio Maquieyra, boicoteó sistemáticamente todas las posibilidades de defensa en instancias judiciales«.

Los vecinos responsabilizan al Estado «ante cualquier hecho de violencia que afecte la integridad física de todos los que allí vivimos. Hacemos un llamamiento a organizaciones sociales, políticas y de la sociedad civil a solidarizarse con la situación y a reclamar conjuntamente la suspensión del desalojo hasta tanto se brinde una solución habitacional definitiva y colectiva para todas las familias».

Desde el lunes, los vecinos comenzaron una vigilia para impedir el desalojo, y solicitan la solidaridad de las organizaciones e invitan a acercarse al edificio, el 18 de septiembre a las 5 de la mañana para esperar al juez.