La Agencia de Acceso a la Información Pública ordenó a la compañía de telecomunicaciones Telefónica a dar información sobre sus servicios de internet y telefonía en villas y asentamientos de la ciudad de Buenos Aires. La resolución tuvo lugar luego de un pedido de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) quien había recopilado cientos de casos de vecinos con problemas eléctricos y sin conectividad a Internet.
Para entender el fallo es necesario, primero, remontarse a principios de año: en febrero Telefónica se había negado a dar información ante el pedido de la ACIJ. El argumento de la propia compañía -de capitales españoles- era que no estaba “obligada a brindar información georeferenciada respecto del servicio de telefonía”.
Pero ese justificativo no se encuentra amparado en la normativa judicial: la Agencia de Acceso a la Información Pública le recordó que por su carácter de prestadora de servicios públicos debe brindar “la totalidad de la información solicitada”. El plazo es menor a diez días.
Para la ACIJ, por su parte, la normativa de la agencia nacional sienta un precedente importante respecto a las obligaciones de las empresas que prestan servicios de telecomunicaciones. “Estas compañías se encuentran obligadas por la ley a brindar la información referida a la forma en la cual brindan los servicios sobre los que son licenciatarias, así como también a la manera en la que utilizan el espacio público para brindar dichos servicios”, indicaron en un comunicado.
El sistema eléctrico en la villa 21-24
Uno de los casos más paradigmático sobre la falta de regulación en los asentamientos porteños es la villa 21-24, ubicada al sur de la Ciudad. La maraña de cables que hay en los pasillos y calles de la villa y la necesidad de gestión y el mantenimiento vecinal de los postes y cableados en la vía pública, junto con la distribución eléctrica a cada vivienda, conformaron una situación de riesgo eléctrico en el lugar.
El proceso judicial iniciado por ACIJ y los habitantes de la Villa 21-24 arrancó en noviembre de 2010 y, a raíz de las diferentes instancias de apelación, concluyó en diciembre pasado con una sentencia del Tribunal Superior de Justicia para que el Poder Ejecutivo porteño presentara en 60 días un proyecto eléctrico adecuado para los habitantes de la villa.
En 2012 una pericia judicial determinó que las condiciones del barrio no habían mejorado a pesar de la medida cautelar que obligaba al gobierno porteño a efectuar obras para disminuir el riesgo eléctrico.
Este año, la Justicia determinó la conformación de una mesa participativa de la que asistieron la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), las nuevas autoridades de la Junta Vecinal de la Villa 21-24, el Asesor Tutelar Gustavo Moreno y representantes del Ente Nacional de Regulación de la Electricidad (ENRE), Edesur. También participaron miembros del colectivo por la reurbanización de la 21-24, de la Fundación TEMAS, y de La Poderosa. ¿Ausentes sin aviso? Las autoridades tanto del Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC) y del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano.
