“¿Sabías que inscribiendo a tu hijo o hija de 4 años en uno de los 76 Centros de Primera Infancia de la Ciudad, ya tiene garantizada una vacante para empezar el jardín? Mandá un mensaje por WhatsApp al 11-5050-0147 y enterate de más.” El mensaje es del jefe de Gabinete porteño, Felipe Miguel, y esconde más de lo que muestra.
Los Centros de Primera Infancia NO son centros educativos, no dependen del Ministerio de Educación, NO funcionan en instituciones del Estado sino en casas viejas que no responden a los requerimientos de las instituciones educativas, NO tienen un plan pedagógico y los nenes están a cargo de cuidadoras y algunas docentes precarizadas que NO trabajan según el EStatuto del Docente, muchos son gerenciados por organizaciones confesionales católicas o evangélicas. En vez de construir los jardines de educación inicial, el gobierno porteño deriva recursos y termina subsidiando instituciones privadas a costa de la escuela pública.
En síntesis, el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta están invitando a las familias a que anoten a sus hijos e hijas en guarderías de segunda mientras que la ley lo obliga a garantizar la educación de calidad para todos los chicos de la Ciudad.
Patricia Pines, la docente que organizó la campaña “Vacantes para tod@s en las escuela públicas” alerta que “los CPI no tenían hasta este año sala de 4. Ya sabemos lo que planea el gobierno para el nivel inicial”. Efectivamente, en el marcho de más de 20.000 nenes y nenas sin vacantes en la escuela pública, el gobierno se ha empeñado en cerrar jardines como el del Ramos Mejía, entre otros.
Un comunicado de la UTE-Ctera afirma que “la Secretaria de Educación Inicial exige al Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta que garantice vacantes en las Salas de cuatro años en cumplimiento de la Ley Nacional en instituciones de educación inicial. Denunciamos que su campaña para inscribir a los niñxs en los Centros de Primera Infancia (CPI) pretende homologar a las escuelas infantiles y jardines de infantes con espacios que no pueden certificar educación”.
Y agrega: “Esta maniobra busca confundir a las familias y a la comunidad con una maniobra de terciarizacion de la obligación del Estado de garantizar educación“.