Los actuales inquilinos del Paseo de la Infanta triplicaron la base que fija la licitación

El lunes pasado venció el plazo para participar del llamado a licitación de los locales ubicados en el Paseo de la Infanta, en los bosques de Palermo. El predio fue recuperado tras un fallo judicial que estableció que la concesión de los espacios había caducado. En el pliego se estableció que «el valor de canon mínimo, dispuesto por el Tribunal de Tasaciones de la Nación, es de $1.195.000 mensuales y $143.000.000 por los 120 meses».

De las siete empresas que compraron el pliego los dos oferentes fueron: Enersite Argentina S.A., que realizó una oferta de $143.400.000, y Estación Rosedal S.A., que ofertó tres veces más, 435 millones de pesos, a abonar en concepto de canon durante 10 años.

El predio consta de 36.000 metros cuadrados de superficie, ubicada bajo el puente ferroviario de la línea San Martín, entre la avenida del Libertador y la calle Freyre, a pocos metros de El Rosedal. Tiene varios locales comerciales y hoy es un polo gastronómico de moda.

Había sido concesionado a la empresa Panter S.R.L. el 26 de febrero de 1993, con un contrato con Ferrocarriles Metropolitanos Sociedad Anónima. El 29 de diciembre de 2010, la entonces Administración de Infraestructura Ferroviaria Sociedad del Estado (ADIF S.E.) prorrogó la explotación del predio a la mencionada firma hasta abril de 2018. Desde entonces el contrato se encontraba vencido, y la empresa seguía explotando comercialmente el lugar.

El canon vencido contrasta con los valores actuales de mercado: en caso de que Estación Rosedal gane la licitación, la firma pagará unos $3,6 millones mensuales, casi 60 veces más de lo que se abonaba.

La Agencia de Administración de los Bienes del Estado (AABE) lanzó el pasado 9 de octubre un llamado a licitación con el fin de ofrecer en concesión, para explotación comercial, 15 arcos por un plazo de 120 meses. Panter S.R.L. tuvo la concesión de los 15 locales comerciales en ese predio, y “la firma lo explotaba irregularmente, con un contrato vencido y abonando una suma inferior a la determinada por el Tribunal de Tasaciones de la Nación”, según se desprende de la presentación ante la justicia que realizó el organismo gubernamental.