A pesar de haber transferido, en el transcurso de 12 años, unas 400 hectáreas al sector privado, el Ejecutivo porteño envió un proyecto de ley a la Legislatura con el que busca ampliar las facultades de varias dependencias del Estado para desprenderse de inmuebles públicos con mayor flexibilidad y hasta sin intercambio de dinero. La iniciativa ingresó el 8 de noviembre y se votaría con el (ya) clásico abrumador paquete de fin de año, antes del recambio legislativo.
Con el proyecto 2796, el gobierno porteño busca reemplazar la norma vigente, la ley 2095, que establece que las ventas de bienes inmuebles públicos debe realizarse, previa autorización de la Legislatura, a través de una subasta pública con precio de base establecido por una tasación del Banco Ciudad, y cuyo pago debe concretarse durante los cinco días hábiles posteriores a la compra.
Según indicó el gobierno, “en los últimos años la experiencia ha dejado en evidencia que dicho procedimiento resulta insuficiente y no logra adaptarse a la dinámica actual que involucra la gestión eficaz de los bienes inmuebles de la Ciudad”.
El cambio sustancial que se propone es el de ampliar las facultades y discrecionalidad de varias dependencias estatales (los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y empresas y sociedades del Estado) para vender inmuebles, y al mismo tiempo incorporar mayores facilidades para los potenciales compradores, que hasta podrían pagar en cuotas.
Así, de sólo contemplar la subasta pública como método de venta, se sumará la licitación pública, concurso público, disposición directa y la venta con prioridad de compra. Al mismo tiempo, cada repartición enajenante (vendedora), podrá establecer términos, condiciones y procedimientos para la venta, si bien se mantiene la previa autorización legislativa. En pocas palabras, podrán elegir los criterios de preselección de los compradores.
Para el referente del Observatorio por el Derecho a la Ciudad, Jonatan Baldiviezo, se trata de un proyecto que busca la “ampliación de poderes inmobiliarios para continuar con el vaciamiento y privatización histórica del banco de inmuebles de la Ciudad”.
En diálogo con Diario Z, Baldiviezo remarcó que se trata de una segunda etapa en la política de tierras del macrismo, que con el sistema vigente -lejos de resultar una traba- puso a disposición de privados unas 400 hectáreas, según un informe de su organización.
De hecho, una polémica novedad que desea incorporar el gobierno es la de contemplar no sólo la compra en comisión, sin revelar la identidad del comprador, sino la posibilidad de pagar en cuotas o con pagos diferidos. También se agrega la “obligación de hacer”, una modalidad que podría habilitar la sesión de tierras e inmuebles públicos para entidades y ONG sin intercambio de dinero, bajo promesa de que realizarán determinadas actividades en el lugar. “Pura discrecionalidad”, augura Baldiviezo.
Por lo bajo, en el gobierno deslizan que este proyecto viene a subsanar las dificultades generadas en el mercado inmobiliario, a merced no sólo de la profunda recesión económica, sino también por el estricto cepo impuesto por el gobierno nacional saliente. De hecho, muchas tierras que están autorizadas para vender, como unas 20 hectáreas pendientes del Parque de la Ciudad, todavía no fueron enajenadas. Con este proyecto, el Ejecutivo busca mover el avispero de un mercado que no repunta.
Por lo pronto, en la Legislatura recién comenzaron a enterarse de los proyectos que deberán tratar antes del recambio y el fin del año legislativo, el 10 de diciembre. Si bien el oficialismo cuenta con mayoría en comodidad, que se verá ampliada gracias al 55% obtenido por Horacio Rodríguez Larreta en octubre, la oposición planea dar pelea para -al menos- impulsar algunas modificaciones. “Nos están tirando con todo lo que no hicieron este año”, confesó un importante legislador del peronismo.