Rechazan la anulación del nuevo protocolo para la interrupción del embarazo

El gobierno nacional revocó ayer el nuevo «Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo (ILE)” que se había publicado esta mañana en el Boletín Oficial.

La explicación de la es que «la falta de intervención de los organismos con competencia en materia de niñez y adolescencia, discapacidad y mujer». Sin embargo, el senador oficialista Federico Pinedo, partidario de “las dos vidas”, dijo que le parecía “lamentable y claramente inconstitucional la resolución del secretario de Salud ampliando de manera irresponsable las causales de aborto no punible y limitando la objeción de conciencia médica”. DE distintos sectores del oficialismo pidieron la renuncia del secretario Adolfo Rubinstein.

La actualización del Protocolo impulsada por la Secretaría de Salud, se adecuó a «normativas internacionales», para garantizar y no obstruir el derecho a interrumpir un embarazo cuando ponga en riesgo la vida de la embarazada o si fue víctima de una violación, donde prima la voluntad a partir de los 13 años. También refleja la necesidad de renovar las recomendaciones internacionales acerca de los procedimientos para la ILE (dosis de medicamentos y AMEU-Aspiración Manual Endouterina) y reforzar la importancia del acceso rápido a la atención integral y a la práctica, haciendo hincapié en la atención en el primer nivel y los tratamientos con medicamentos.

La revocatoria generó un masivo rechazo en las organizaciones que luchan por la legalización del aborto y los derechos de las mujeres. Un comunicado de la Red de Acceso al Aborto Seguro (REDAAS), el Equipo Lantinoamericano de Justicia y Género (ELA) y el Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES) afirma que el Protocolo «es el instrumento de política pública que da certeza a las mujeres y personas con capacidad de gestar, a los equipos de salud y a quienes toman decisiones dentro de los efectores del sistema sanitario respecto de los estándares de atención para garantizar el acceso a derechos contemplados en otras normas”.

Las organizaciones firmantes sostuvieron que “esta actualización de la norma sanitaria incorpora aspectos relativos al consentimiento informado de niñas, adolescentes y personas con discapacidad de acuerdo a la reforma del Código Civil y Comercial aprobada en 2015”.

Por su parte, el ex ministro de Salud Ginés González García también subrayó la necesidad de aplicar el protocolo y aseguró que no hacerlo es «no cumplir con la ley». «El protocolo es una guía de procedimiento para que se cumpla con la ley y la Corte Suprema de Justicia, en un fallo de hace muchos años, indicó que el Estado debía mantenerlo actualizado».