En una jornada con pronóstico de debate acalorado en el recinto de la Legislatura, donde el oficialismo se prepara para aprobar el presupuesto y una serie de polémicas leyes para vender y rezonificar terrenos públicos, la calle será también un foco de tensión ya que varias organizaciones de la comunidad educativa convocaron a una movilización para reclamar por un aumento de las partidas destinadas a Educación y la cobertura de unas 25 mil vacantes que, aseguran, se registraron este año en la escuela pública.
Desde las 10 de la mañana, la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), junto a otros sindicatos, familias y cooperadoras, comenzaron a atender a la prensa en las puertas de la Legislatura, en Perú al 100. Desde allí, el secretario general de UTE, Eduardo López, exigió frenar el “ajuste” en Educación y adelantó a Diario Z que en los próximos días publicarán un detallado informe sobre cómo el oficialismo fue reduciendo, año tras año, del presupuesto educativo.
“El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, cerró este año otra vez la puerta de la educación pública a miles de familias. La ausencia de vacantes se agrava. Su déficit supera los 25 mil menores que no tienen acceso al sistema educativo público“, dijo López. La crisis por la falta de vacantes suma, de esta manera, un año más sin encontrar una solución. “Que Larreta deje de atacar a los delantales blancos, a los concurrentes y residentes y a los maestros” , reclamó.
Con esta movilización, los docentes pretenden hacerse escuchar mientras los legisladores comienzan a debatir el proyecto de presupuesto 2020, cuyos números fueron objetados por la oposición. “La única manera de garantizar las vacantes es aumentando el presupuesto”, señalaron desde UTE.
Entre los pedidos que llevaron a la Legislatura, también se encuentra el largamente exigido pase de los Centros de Primera Infancia -una opción que el gobierno diseminó como contención de emergencia ante la falta de vacantes y una forma de tercerización de la educación- a la órbita del Ministerio de Educación, ya que hasta el día de hoy funcionan bajo la tutela del ministerio de Desarrollo Humano.
Además piden por la “plena aplicación del protocolo de género, ESI e ILE” y la derogación del decreto 1990, que habilita el cierre de salas, grados y cursos. Y por último, mayor participación de la comunidad educativa en el diseño y control de los planes educativos.