Ni los aliados de Rodríguez Larreta votaron el aumento del carácter represivo del Código Contravencional

El mismo día, el pasado jueves 5 de diciembre, en que la Justicia condenó al ex agente de la ex Policía Metropolitana Ricardo Ayala a 16 años de prisión por el intento de homicidio a Lucas Cabello, en noviembre de 2015, la Legislatura porteña, a instancias de una iniciativa del Gobierno de la Ciudad, aprobó con ajustada mayoría el endurecimiento del Código Contravencional. La votación fue de 35 a favor, el PRO y la Coalición Cívica, y 23 en contra. Los votos de rechazo vinieron de los bloques peronistas, la izquierda, y también de los aliados del macrismo, los radicales de Evolución y el Partido Socialista.

La medida sancionada promete traer cola en los fueros judiciales ya que son varias las voces de legisladores opositores-y de aliados del PRO-que la consideraron violatoria de la Constitución del distrito.

Algunos de los puntos aprobados permiten aplicar a las contravenciones las detenciones preventivas por 48 horas, acta policial como “prueba suficiente” para una sentencia, fin de la obligatoriedad de la revisión médica sobre los detenidos para ver si hubo apremios ilegales, y la ampliación de facultades para que agentes de tránsito persigan a “trapitos” .

De la maratónica sesión en la que se aprobaron una gran cantidad de iniciativas, el momento más tenso fue en el que se discutió esta modificación. El bloque Vamos Juntos perdió a buena parte de sus aliados y algunos de ellos tuvieron los discursos más duros. Leandro Halperín, legislador de Evolución, remarcó: “Una vez más el Poder Ejecutivo avanza y atropella”. El abogado constitucionalista calificó la norma como una “restricción de derechos para los más débiles” y apuntó que se busca “resolver conflictos sociales con la utilización del derecho penal”.

En un línea similar se manifestó, a su turno, la diputada del Bloque Peronista María Rosa Muiños, que también cuestionó el poco tiempo que hubo para analizar del tema. “Apenas tuvimos cuatro días para estudiar los expedientes en la Comisión”, dijo, y consideró que los cambios propuestos son “regresivos e inconstitucionales”.

Por el lado del FIT, la legisladora Laura Marrone graficó los alcances de la medida: “Estas leyes crean un código penal para perseguir contravenciones. La señora que vende chipá en la esquina, ¡fijensé qué delitos!, puede ser detenida”.

Las principales víctimas de esta modificación ya se habían pronunciado en los días previos a la sanción y se movilizaron el jueves a la Legislatura para reclamar. “Es el inicio de una nueva etapa de las batallas represivas que nos propone Larreta en la calle”, declaró Omar Guaraz, referente de la agrupación de Vendedores Libres, que trabajan en la calle, para poner en contexto el impacto que tendrá el endurecimiento. “Para quienes cometen delitos está el Código Penal. Nosotros somos trabajadores”.