En la mañana de este martes 17 de diciembre salió a la luz la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva que declara la emergencia en diversas áreas y es la piedra basal del inicio de la gestión del presidente Alberto Fernández. La norma será tratada el próximo jueves en sesiones extraordinarias.
Uno de los puntos destacados para la vida cotidiana es lo que ocurrirá con las tarifas. En el artículo 5 del escrito de 53 páginas elaborado por el gobierno nacional se señala que se “faculta al Poder Ejecutivo a iniciar un proceso de revisión tarifaria integral” en un plazo de 180 días, es decir que por seis meses no habrá incrementos en los servicios públicos esenciales.
En el mismo punto de la ley se sostiene que la readecuación debe tener por objetivo “una reducción de la carga tarifaria real sobre los hogares y las empresas para el año 2020“.
El último estudio del año 2019 del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad de Avellaneda calculó que el 26% de un salario promedio se destina a pagar servicios públicos.
La ley que será tratada mañana por el plenario de comisiones en el Parlamento Nacional también prevé la intervención del Ente Regulador del Gas y el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), que seguirá funcionando y la “suspensión del artículo 124 de la Ley 27.467 durante la vigencia de la emergencia”.
Esta norma es la ley de presupuesto del año que está terminando. En el ítem 124, se “instruía” al Ejecutivo Nacional a “impulsar los actos necesarios” para que a partir del próximo 1 de enero de 2020 las empresas Edesur y Edenor pasaran a la jurisdicción de la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires. Esto quedó suspendido.