Con el patrocinio de la Defensoría Número 5 del Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad, vecinos y organizaciones sociales de La Boca presentaron una acción de amparo colectivo ante el Fuero Contencioso Administrativo y Tributario porteño. Quieren que se cumpla la Ley 2240, que dispone la emergencia urbanística y ambiental en el barrio, y frena los desalojos sistemáticos .
La Defensoría 5, a cargo de Ramiro Dos Santos Freire, informó que la presentación contó con la “adhesión de más de 650 vecinos y vecinas que sufren las consecuencias del incumplimiento de la norma sancionada en diciembre de 2006″. Según el organismo, la acción busca “encontrar soluciones a la situación de emergencia habitacional, en especial frente al gran número de desalojos que se producen de manera estructural y sistemática” y que pone en riesgo de quedar en situación de calle a “cientos de familias”.
En su comunicado, el organismo informó que en este momento hay en curso 180 procesos de desalojos que se tramitan en el Poder Judicial.
“Este amparo está vinculado al trabajo que el ministerio público viene realizando hace varios años junto a vecinos y organizaciones de La Boca, constatando el fenómeno sistemático de desalojos que afectan principalmente a familias vulnerables”, sostuvo Dos Santos Freire.
El defensor remarcó la responsabilidad del Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC) para dar una respuesta. “El gobierno desatiende el cumplimiento de una norma vigente y no adopta medida alguna para garantizar el derecho a la vivienda digna y a la radicación definitiva de las familias en el lugar donde han vivido durante años”.
Entre las principales medidas requeridas en el amparo está el pedido del cumplimiento de lo previsto por el artículo 29 de la Ley 4353 de la Ciudad, que ordena al Ejecutivo porteño un relevamiento de las necesidades habitacionales del barrio. Además solicita la confección de un “protocolo de detección, prevención, y contención de desalojos” y la realización de un programa que se anticipe a posibles “casos de incendios o derrumbes de viviendas”.
La ley 2240 fue sancionada a fines de 2006 y promulgada a principios de 2007. Declaró la emergencia “urbanistica y ambiental” de La Boca y creó una “unidad ejecutura” con 7 miembros de distintas áreas del Ejecutivo capitalino para impulsar un programa de proyectos de “renovación urbana”.