Dos legisladoras porteñas del Frente de Todos, Cecilia Segura y Laura Velasco, junto a titulares de organismos de derechos humanos y autoridades del Ministerio de Salud nacional, se presentaron como amicus curiae (amigos del tribunal) ante el Juzgado Contencioso Administrativo Federal Número Tres. Allí se tramita la solicitud de inconstitucionalidad del Protocolo de Interrupción Legal del Embarazo (ILE) impulsado por el Partido Demócrata Cristiano (PDC) porteño pocas horas después de que Ginés González García anunciara su implementación y se publicara en el Boletín Oficial.
La presentación judicial también la acompañaron la titular de la Coordinadora Argentina por los Derechos Humanos (CADH), Cintia Mónaco,y la directora del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, Viviana Mazur. Se hizo una semana después de la realización del encuentro en la Legislatura porteña organizada por la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, con diputados de diversas fuerzas políticas y en el que las legisladoras del FdT se comprometieron a impulsar un proyecto de ley para que la Ciudad adhiera al ILE.
En el amicus curiae entregado en el juzgado a cargo del magistrado Santiago Castillo se remarcó el antecedente del fallo F.A.L. de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, del 13 de marzo de 2012. En ese pronunciamiento el Máximo Tribunal exhortó a las “autoridades nacionales, provinciales y porteñas a implementar y hacer operativos protocolos hospitalarios para la concreta atención de los abortos no punibles a los efectos de remover todas las barreras administrativas o fácticas”.
El fallo fue producto de un caso judicial surgido en la provincia de Chubut en el 2010. Una joven de Comodoro Rivadavia fue violada por su padrastro cuando tenía 15 años y su madre recurrió a la justicia provincial para que pudiera realizarse el aborto en un hospital público. Su reclamo fue rechazado en primera y segunda instancia en Chubut. Cuando la joven estaba en la semana 20 de embarazo intervino el Tribunal Superior provincial que encuadró el caso como uno de los supuestos de aborto no punible del artículo 86 del Código Penal de la Nación y permitió la realización del aborto.
Respecto a la intención del amicus curiae, la diputada Velasco explicó: “Hay sectores antiderechos que iniciaron una causa para frenar la resolución para la aplicación del protocolo para abortos no punibles. Así que decidimos impulsar, por un lado, un proyecto de ley para que la Ciudad adhiera, pero también apoyar al Ministerio de Salud Nacional en esta política pública a través de esta presentación. Entendemos que es un tema de derechos humanos de mujeres y personas gestantes, una causa de salud pública y de justicia social. son siempre las más pobres quienes más sufren las consecuencias de los abortos clandestinos.”.
El amparo contra el Protocolo fue interpuesto por la presidenta del PDC de la Ciudad, María Alejandra Muchart, y por Ernesto Ricardo Lamuedra, postulante al cargo de Defensor de las niñas, niños y adolescentes.