Historias de la exclusión: familias sin vacantes en las escuelas para un hijo con capacidades diferentes

Por Franco Spinetta, especial para Diario Z

Natacha Gedwillo perdió la cuenta. Fueron entre 30 y 40 colegios de gestión privada a los que se dirigió para intentar (sin éxito) inscribir a su hijo Iñaki, de 9 años y autista. Cada vez que lograban saltear el filtro administrativo, a los directivos les bastaba con escuchar la palabra “autismo” para negarle un lugar. Ariadna González Naya, mamá de Benjamín -también de 9 años y con síndrome de Prader Willi-, consultó por una vacante en 27 escuelas y en todas la respuesta fue la misma: no. Ariadna dice que ni siquiera les daban una entrevista para contemplar la posibilidad.

Por casos como estos, a fines de 2019, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y la Clínica Jurídica de Interés Público y Derechos Humanos del Centro de Derechos Humanos (CDH), de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, presentaron ante la justicia un amparo colectivo contra el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Allí solicitaban que se adopten las medidas necesarias para evitar los rechazos de inscripción por motivos de discapacidad en escuelas comunes de gestión privada. Al momento, el gobierno no acusó recibo.

“Al principio quería encontrar un colegio en la zona, ya después no me importaba el barrio o la religión, sólo quería encontrar un lugar en el que aceptaran a mi hijo”

Ariadna González, mamá de Benjamín, un niño de 9 años con autismo.

Las escuelas de gestión privada en la Ciudad comparten prácticamente la mitad de la matrícula escolar. Es el distrito con mayor penetración de los colegios privados que, incluso, llegan a cubrir vacantes que deberían captar las escuelas públicas, producto, quizá, de años de desinversión. Desde el ministerio de Educación dejaron trascender, tras la demanda, que no tienen intervención en los proceso de inscripción en las escuelas privadas, aunque sí reciben las denuncias o reclamos que puedan originarse allí. Es decir, el Estado porteño no sólo no puede garantizar las vacantes en la escuela pública (un conflicto de larga data) sino que tampoco puede supervisar el cumplimiento de la ley para la otra mitad de su matrícula, en escuelas de gestión privada que, además, financia de manera directa con el 16% del presupuesto total destinado a Educación, unos 8700 millones de pesos.

“La palabra autismo los espantaba y eso es discriminar, me da mucha tristeza”, dice Natacha, quien tras chocar de frente con esta realidad intentó hacer la denuncia en la dirección general de Educación de Gestión Privada, donde intentaron derivarla a escuelas especiales. “Fue indignante, no se conmovían, no se les movía un pelo y hasta dejaron entrever que en realidad no era bueno mandar a un niño con discapacidad a una escuela común. Si no permitimos que niños como Iñaki puedan concurrir a escuela común, los que no tienen esa condición y no conocen esa discapacidad salen del colegio y se vuelven personas intolerantes”, dice.

“La palabra autismo los espantaba y eso es discriminar, me da mucha tristeza”.

Natacha Gedwillo, madre de Iñaki, un niño de 9 años con autismo.

Ariadna estuvo al borde de la desesperación. Incluso pensó en mudarse. “Al principio quería encontrar un colegio en la zona, ya después no me importaba el barrio o la religión, sólo quería encontrar un lugar en el que aceptaran a mi hijo”, resume. “Negar la matrícula por motivos de discapacidad es discriminación”, explican desde ACIJ.

Marina Salinas, abogada e integrante de la CDH,  señala que esta demanda surge como respuesta a la verificación de que “existe un rechazo sistemático cuando se intenta inscribir un niño o niña con discapacidad en escuelas comunes” y que el Gobierno porteño “no hace nada para evitarlo y tampoco sanciona”. “Más allá del impacto de la vida individual de los implicados, es importante tener una mirada a nivel general de la sociedad: si tenemos una educación segregada, si obligamos a los niños con discapacidad a ir a escuelas especiales, no se da la posibilidad de conocimiento mutuo y de percibir la diferencia y diversidad como algo natural”, agrega.

Con este recurso, ACIJ y CDH buscan que las autoridades empiecen a tomar medidas para que esto no siga ocurriendo. Si bien presentaron tres casos testigo (que es el máximo permitido), en el texto hay otros relatos que se multiplican a lo largo y ancho de la Ciudad. De los testimonios de personas con discapacidad y sus familias recolectados, surge un patrón común en los fundamentos para justificar la negativa: falta de vacantes, dificultades para el proceso de adaptación de la escuela, falta de personal idóneo, entre otras. Una de las personas que dio su testimonio para la acción judicial, manifestó: “Ya nos ganó el tiempo, por más que en su momento nos dirigimos a unas 80 escuelas en Ciudad y me haya comunicado con unas cinco aproximadamente en Provincia. Pero desafortunadamente no hay escuelas comunes que lo reciban”.

Las escuelas privadas no pueden rechazar a una niña o niño con capacidades diferentes.

La demanda está enfocada en las escuelas privadas puesto que su sistema de inscripción es totalmente discrecional, a diferencia del sistema de inscripción online de las públicas, donde no es posible hacer una distinción para niños o niñas con discapacidad. “Esto no quiere decir que las escuelas públicas sean escuelas inclusivas”, advierte Salinas. La abogada asegura que si bien  “no sabemos por qué el gobierno tolera y no sanciona estas prácticas, lo que sí sabemos es que esta inactividad favorece a que las escuelas privadas se manejen de manera discrecional en torno a las inscripciones”. “No hay mecanismos para la denuncia, tampoco sanciona, no brinda información sobre los derechos para niños discapacitados. Y también verificamos que la formación docente es muy precaria en materia de educación inclusiva. No hay demasiado interés en poner los recursos para dar respuesta a esto. Lo que nos consta es que el gobierno está totalmente al tanto de esta situación, les han llamado la atención varias veces”, añade.

“Actualmente no existen mecanismos efectivos e independientes que permitan a las personas con discapacidad y sus familias reclamar frente a un rechazo de matriculación basado en la discapacidad”

Marina Salinas, abogada del Centre de Derechos Humanos (UBA)

De hecho, la educación inclusiva está reconocida en todo nivel: local, nacional e internacional.  La demanda presentada por ACIJ y CDH está basada en el derecho consagrado por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que Argentina ratificó en el año 2008 y que goza de jerarquía constitucional desde 2014. Dicho tratado establece en su artículo 24 que los Estados deberán asegurar un sistema de educación inclusivo en todos los niveles y prohíbe expresamente que las personas con discapacidad sean excluidas del sistema general de educación. Pero no sólo eso, la normativa vigente en la Ciudad prohíbe expresamente el rechazo de la inscripción o reinscripción por motivos de discapacidad. “A su vez, los organismos internacionales de derechos humanos han sido contundentes en que todas las escuelas, incluidas las privadas, deben respetar el derecho a la educación inclusiva y que los Estados tienen la obligación indelegable de garantizar que efectivamente lo hagan”, manifestaron ambas entidades.

¿Cuál es el rol entonces del ministerio de Educación? Controlar el cumplimiento de esta normativa. Para ACIJ y CDH, esto no se está haciendo y, de esta manera, el Gobierno de la Ciudad “tolera y agrava las violaciones sistemáticas del derecho a la educación inclusiva. Actualmente no existen mecanismos efectivos e independientes que permitan a las personas con discapacidad y sus familias reclamar frente a un rechazo de matriculación basado en la discapacidad, ni se imponen sanciones a las escuelas comunes de gestión privada que discrecionalmente lo hacen”. “Es inconstitucional y está sucediendo”, amplía Salinas.

ACIJ y CDH advierten que hoy este incumplimiento flagrante de las obligaciones del Estado porteño no tienen ningún costo, a pesar de la desesperación y frustración de madres como Natacha y Ariadna, que decidieron levantar su voz para que sus casos sirvan para torcer la historia. “La justicia tiene el deber y la oportunidad de revertir esta situación obligando a las autoridades a ejercer su función de control y a diseñar e implementar políticas públicas adecuadas para que las/os estudiantes con discapacidad puedan acceder en igualdad de condiciones a la escuela común, primera condición para el efectivo ejercicio de su derecho a la educación inclusiva”, concluyeron.