Quedarse con el botín: cómo fue el recorrido que lleva a la privatización de Costa Salguero

Por Franco Spinetta, especial para Diario Z

Si hay un lugar en la Ciudad de Buenos Aires que resume (y metaforiza) muchos de los aspectos centrales de la gestión macrista es Costa Salguero. Elegido como epicentro de todas y cada una de las veladas electorales del PRO, sede del casamiento entre Mauricio Macri y Juliana Awada, y foco de tensión entre negocios y espacio público, las 16 hectáreas estratégicamente ubicadas, que desde 1991 usufructúa la empresa Telematrix -de fuertes vínculos con el oficialismo porteño-, fueron puestas a la venta a fines de 2019. La idea fue culminar lo que había arrancado casi 30 años atrás con aquella concesión: la consagración final de esos terrenos al codicioso mercado inmobiliario.

Un paso fundamental para poder llevar a cabo este plan fue la aprobación en la Legislatura, durante la última sesión de diciembre del año pasado, previa al recambio legislativo, de un proyecto que había ingresado apenas horas antes y que contó con el aval de Juntos por el Cambio y sus aliados. Con 42 votos la ley fue sancionada para luego recibir objeciones como la formulada por la diputada nacional por la Ciudad y ex legisladora Gabriela Cerruti (Frente de Todos), quien adelantó que presentará una denuncia penal contra el jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta por haber salteado -según su interpretación- dos pasos previstos en la Constitución porteña para enajenar tierras públicas: doble votación en el recinto, Audiencia Pública mediante. Cerruti planteó la necesidad de que el Gobierno aclare los planes urbanísticos, más allá de las generalidades de la ley que estima, por ejemplo, que habrá un 65% de espacios verdes sobre el total construido, ya que habitualmente las empresas suelen contabilizar patios, canteros y calles como parte de eso. Para tal fin, la diputada exige que se realice un estudio de impacto ambiental, que contemplaría, además de Costa Salguero, otros terrenos aledaños que también se pondrán a la venta, en Punta Carrasco.

Costa Salguero: lugar predilecto del macrismo para sus eventos de campaña.

La historia reciente de Costa Salguero no está exenta de negociados, denuncias judiciales, fallos polémicos, peleas legislativas, ambición política, tragedia y muertes. El predio en cuestión pasó a manos privadas durante el carnaval de concesiones que el ex intendente Carlos Grosso llevó a cabo entre empresarios y amigos y que modificó para siempre la fisonomía de Buenos Aires. Fue un contrato a 30 años a cambio de un canon, cuya actualización siempre fue menor a la inflación y que hoy -según la dirección de Concesiones de la Ciudad- está en la módica suma de 630 mil pesos mensuales. Un contrato que estipulaba el retorno del predio a manos del Estado tras finalizarse, pero como suelen indicar quienes conocen el submundo de las concesiones, ninguna concesión está hecha para volver a su propiedad de origen. Por eso el Gobierno ya arbitra los medios legales, anticipándose al vencimiento de un predio cuya gestión dejó una huella en el modus operandi del macrismo.

«La privatización de la costanera norte siempre fue un gran negocio de unos pocos. Y hoy con esta venta y con el Distrito Joven se legitima”.

Facundo Di Fillipo, ex legislador y denunciante de las irregularidades en Costa Salguero.

La obnubilación privatista durante el menemismo y la urgencia de la crisis posterior, le dieron un gran handicap a Telematrix, que mientras tanto subconcesionaba 24 espacios, entre ellos uno -el principal- que está en manos de la pareja de Carmen Polledo, ex vice de la Legislatura y actual diputada de Juntos por el Cambio. Se trata de la empresa Costa Salguero SA, cuyo presidente es Fernando Polledo Olivera. De allí el estrecho vínculo con el macrismo de pura cepa: la fiesta de casamiento del ex presidente Macri y los innumerables festejos en los clásicos búnkers del PRO, donde nació y creció la estética a fuerza de globos, papel picado, música y el Mago Sin Dientes. Allí mismo fue donde, durante la madrugada del 16 de abril de 2016, se produjo la tragedia de Time Warp, la fiesta electrónica en la que murieron cinco personas y que visibilizó masivamente este entramado entre funcionarios, empresarios y negocios que ya venía tejiéndose en una causa judicial iniciada en 2009 por el ex legislador Facundo Di Filippo, quien buscaba el cumplimiento de una simple normativa: que la empresa liberara el acceso al río, tal como lo indica la ley. Un acceso todavía hoy vedado sólo a quienes ingresan al predio para alentar sus negocios internos.

La causa había iniciado con buen pie. Primero lograron la clausura de una estación de servicio que funcionaba allí de manera ilegal. Luego encontraron que los subconcesionarios tenían sus negocios (hoteles, comercios, restaurantes) sin habilitación. Enrique Viale, abogado patrocinante del caso, recuerda que tras la clausura judicial en el año 2010, los locales obtuvieron en 24 horas una “habilitación exprés” por parte del gobierno porteño, que en ese entonces encabezaba Mauricio Macri. Todo siguió igual, incluso a pesar de que las medidas cautelares fueron haciendo un recorrido exitoso: la Justicia estaba haciendo lugar al reclamo para que tanto la empresa como el gobierno garantizaran el acceso al Río de la Plata. Sin embargo, nunca cumplieron con los fallos. En el camino, los denunciantes se encontraron con que los “dueños de la empresa que posee la concesión, Telemetrix SA, son dueños de la constructora EMACO, quien fue beneficiada con reiteradas obras públicas como Villa Olímpica y Complejos de vivienda social en la ExAU3, a la cual el Gobierno le pagó 1 millón de pesos por obras para mejorar el camino de sirga que no existen”.

«Era cantada la venta de Costa Salguero, a un año de que se termine esta concesión fraudulenta».

Facundo Di Fillipo, ex legislador y denunciante de las irregularidades en Costa Salguero.

En 2017, tras realizar decenas de maniobras dilatorias en el expediente -apelaciones sobre decisiones de mero trámite, recusación de jueces, y solicitudes varias- Telemetrix dio el golpe final y solicitó el cierre de la causa por caducidad, “forzando un argumento cargado de errores fácticos y jurídicos”, asegura Di Filippo. En ese contexto, el juez subrogante Martín Converset hizo lugar al planteo y la Sala 3 del Fuero Contencioso Administrativo confirmó el fallo de primera instancia. Lo hizo el 27 de octubre de 2017, cuando el macrismo inflaba en las urnas sus sueños de perpetuidad. Por último, el Tribunal Superior de Justicia desestimó el planteo de los querellantes y la causa se terminó de caer. “Sin este absurdo fallo, en la que se sacaron de encima la causa judicial, no había forma de que pusieran a la venta estos terrenos”, advierte el Di Fillippo, quien ve en la concatenación de hechos un claro objetivo final.

Para Viale y Di Filippo, la venia judicial posibilitó a la empresa de sostener la explotación “comercial sin límites e ilegal” del predio. Un informe de la Auditoría General de la Ciudad había advertido, hacia fines de 2017, una serie de irregularidades manifiestas: canon insuficiente en detrimento del erario público, deficiencias en el camino de sirga, perjuicio fiscal y deudas con AGIP (al momento registraba una deuda casi 60 millones de pesos por ABL) y locales con falta de habilitación o habilitaciones apócrifas. Todo ante la atentamente desinteresada mirada del gobierno. «Era cantada la venta de Costa Salguero, a un año de que se termine esta concesión fraudulenta. Primero hicieron caer nuestra causa con complicidad judicial para ahora poder venderlo. La privatización de la costanera norte siempre fue un gran negocio de unos pocos. Y hoy con esta venta y con el Distrito Joven se legitima”, apunta Di Filippo, en relación a esa zona que fue beneficiada con una ley (ideada por el macrismo) que exime de varios impuestos a los emprendimientos allí emplazados, la mayoría de ellos boliches nocturnos.

Con el río cada vez más lejos, y la distancia del tiempo, queda un horizonte cada vez más claro: la decisión, enfatiza Di Filippo, de los sucesivos gobiernos del PRO de “defender a la empresa concesionaria” en desmedro de un beneficio que hubiese significado un mejoramiento de la Costanera. Y un plan para liberar al mercado una vista privilegiada al Río de la Plata, ése al que la mayor parte de la Ciudad le da la espalda.