Por Franco Spinetta, especial para Diario Z
Fue una de las últimas obras de su gobierno. Antes de retirarse de la cima del poder político, Mauricio Macri se mantuvo en la línea que había comenzado a trazar cuando le tocó ser jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y firmó once decretos para ceder tierras públicas con el fin de que llegaran a manos del sector inmobiliario. Es cierto: no fue una sorpresa. Durante la estancia del macrismo en la capital más 400 hectáreas corrieron la misma suerte, en una ciudad donde la disputa por los espacios vacantes, el déficit habitacional y la carencia de espacios verdes, cobra ribetes desesperantes. Sin embargo, ahora un conjunto de organizaciones buscan llevar a Macri a tribunales por considerar “ilegal” e “inconstitucional” la venta autorizada por el ex presidente días antes de dejar su cargo.
Las sospechas sobre la maniobra, que los denunciantes califican como un “plan sistemático” de transferencia de bienes públicos hacia el sector privado, empezaron a cocinarse luego de que el flamante titular de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), Martín Cosentino, comunicara hacia fines de enero que el gobierno saliente había transferido a la Ciudad, antes de dejar el poder, 31 inmuebles por 16 mil millones de pesos. La suma total, tras recabar en todas las resoluciones, ascendió a 150 inmuebles en todo el país, 80 de ellos para la capital.
Por esta razón el Observatorio del Derecho a la Ciudad, Unidad Popular–CABA, el Movimiento Popular la Dignidad, CTAA–Capital, Frente Territorial Salvador Herrera y el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas–IPYPP, denunciaron penalmente al propio Macri y al ex titular de la AABE, Ramón Lanús, por “abuso de autoridad e incumplimiento de sus deberes”, acusándolos por la “venta ilegal e inconstitucional de tierras públicas y transferencia de inmuebles nacionales a la ciudad”. El texto ingresó a Tribunales este lunes 3 de febrero y quedó radicado en el juzgado del fallecido juez Claudio Bonadío. Se presume que la causa recaerá en manos del juez Sebastián Casanello.
“El objetivo oculto de estos traspasos era que la Nación quedara endeudada con la Ciudad y esa fuera la excusa para luego transferir tierras públicas”.
Jonatan Baldiviezo, abogado del Observatorio de Derecho de la Ciudad
“Desde que asumió Mauricio Macri como jefe de gobierno, en 2007, venimos denunciando un plan sistemático para vender tierras públicas”, dice a Diario Z Jonatan Baldiviezo, abogado patrocinante del caso y titular del Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC). Una vez que Macri llegó a la presidencia, advierte Baldiviezo, el plan se aceleró luego de que encontraran un “artilugio legal” para saltearse la necesaria aprobación del Congreso para desprenderse de inmuebles públicos, algo que no había podido evitar en la Legislatura, donde siempre tuvo que sortear una doble lectura de cada ley y la realización de audiencias públicas. Para el titular del ODC, la firma de convenios de traspasos fue parte un plan paralelo, que estaba previsto por si el resultado electoral no resultaba favorable para el macrismo. “¿Qué hicieron entonces? Una gran transferencia de recursos a la Ciudad. Por eso Nación financió viaductos, el paseo del bajo, edificios de la ciudad, el soterramiento, obras en el Riachuelo, el traspaso de la Federal… el objetivo oculto de estos traspasos era que la Nación quedara endeudada con la Ciudad y esa fuera la excusa para luego transferir tierras públicas”, señala.
En la denuncia, esa maniobra fue apuntada a partir de la firma de dos convenios, el 11 y el 13 de noviembre, es decir, pos derrota electoral y a un mes de que Macri terminara su mandato. Se transfirieron 18 inmuebles del Estado Nacional a la Ciudad de Buenos Aires, que pertenecen a los playones ferroviarios de Caballito, Palermo, Colegiales, Villa Urquiza y Catalinas Sur 2, terrenos muy codiciados por el mercado inmobiliario y, al mismo tiempo, disputados por organizaciones que los han escogido como posibles sitios para emplazar proyectos que mitiguen las emergencias habitacional y ambiental. ¿Cómo se completó la maniobra? El convenio debía ser refrendado por la Legislatura porteña. El texto, a pesar de que ya llevaba unos días firmado, ingresó en la mañana del 5 de diciembre y se votó a la tarde, en la última sesión del año pasado, previo recambio legislativo. En los textos aprobados, la Ciudad aceptó la transferencia como parte de pago de la deuda de Nación y, al mismo tiempo, puso los terrenos a la venta, sin considerar otro objetivo.
“Los ejes de la gestión Macri-Larreta en la Ciudad de Buenos Aires son la concentración económica en torno a la tierra, la sobreexplotación inmobiliaria y la mercantilización urbana en todas sus dimensiones”.
Ingeniera María Eva Koutsovitis, coordinadora de la cátedra de ingeniería, UBA.
“Los ejes de la gestión Macri-Larreta en la Ciudad de Buenos Aires son la concentración económica en torno a la tierra, la sobreexplotación inmobiliaria y la mercantilización urbana en todas sus dimensiones. La venta ilegal de inmuebles y tierra pública evidencia la consolidación de un modelo extractivo urbano, que profundiza la desigualdad, y cuyas consecuencias son la emergencia habitacional, ambiental y económica”, indica a Diario Z la ingeniera María Eva Koutsovitis, coordinadora de la cátedra de Ingeniería Comunitaria de la UBA, y una de las denunciantes. Koutsovitis asegura que el gobierno “jaquea el sistema de democracia participativa consagrado en la Constitución de la Ciudad, al ignorar los reclamos genuinos de la ciudadanía respecto al destino de muchas de estas tierras e inmuebles”. Como ejemplo, señala los terrenos donde se encuentra emplazado el Supermercado COTO aledaños al barrio Carlos Mujica (ex Villa 31 y 31 bis), reclamados por la comunidad para la construcción de un hospital; los terrenos ferroviarios de Caballito, donde diferentes asambleas y colectivos barriales, solicitaron que sean destinados a un parque verde público; y las tierras de Catalina Sur, que se las quitarán a un club de la zona para la destinarlas a la construcción de torres.
En la denuncia penal, se remarca que estas transferencias se hicieron en “violación al art. 15 bis de la Ley N° 25.917 que establece que en los últimos dos trimestres del año de fin de mandato está prohibida cualquier disposición legal o administrativa excepcional que implique la donación o venta de activos fijos”. Se trata de la ley de responsabilidad fiscal impulsada por el propio macrismo, cuya excusa había sido “evitar que se usaran recursos del Estado para campañas electorales y también el aprovechamiento de los últimos meses de mandatos para beneficiar a empresarios amigos, como lo hizo Mauricio Macri con el sector inmobiliario que se va a apoderar de esas tierras”, apunta Baldiviezo.
Para Pablo Spataro, secretario general de CTA-A Capital, no sólo se trató de maniobras ilegales perpretadas por el Ejecutivo, sino que “demuestra a las claras la inmoralidad de cómo ejercieron la función pública estos últimos cuatro años”. En diálogo con Diario Z, Spataro apunta contra el ex titular de la AABE, Ramón Lanús: “Debería explicar todo esto, y además explicar y hacer público cuál fue el fundamento de su decisión o cuál fue la razón, cuando el 9 de diciembre de 2019, el último día de su gestión, firmó un contrato de concesión por diez años en el Paseo de la Infanta a una empresa Estación Rosedal S.A”.
El caso del Paseo de la Infanta crece a la sombra de esta gigantesca denuncia y promete tomar cuerpo propio. La concesión otorgada por Lanús no sólo se rubricó el último día de su gestión, sino que había sido objetada por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), que ahora envió a la Oficina Anticorrupción una denuncia sobre esta adjudicación. En un informe, la SIGEN habla de una “conflicto de intereses” denunciado por uno de los oferentes por una disputa judicial que había mantenido con el propio Lanús y remarca que el 2 de diciembre, siete días antes de que se firmara la concesión, había dictaminado que el funcionario no estaba habilitado para poder firmar la adjudicación.
“Deberán explicar todo esto y además hacer público cuál fue el fundamento de su decisión o cuál fue la razón, cuando el 9 de diciembre de 2019, el último día de su gestión, sacan un contrato de concesión por diez años en el Paseo de la Infanta a una empresa Estación Rosedal S.A”.
Pablo Spataro, secretario general de la CTA-Autómona, Capital.
Lanús desoyó al organismo de control y firmó el contrato de concesión del Paseo de la Infanta por el término de 10 años en favor de la firma Estación Rosedal S.A, quien podrá comenzar a explotar 15 locales comerciales en una de las zonas más exclusivas de Buenos Aires, a cambio de un canon mensual de $3,6 millones o el pago directo de $435 millones por los 120 meses de contrato. Su competidora y actual concesionaria, Enersite Argentina, quedó relegada.
Estación Rosedal está compuesto por varias empresas, muchas de ellas señaladas con vínculos con el macrismo a través de Alejandro “Petti” Peltenburg, un empresario de la noche de larga trayectoria. “Desde todo punto de vista, el ex titular de AABE no estaba en condiciones normales de poder dictar el acto, incluso había solicitado un dictamen a la SIGEN y sin esperar su despacho firmó la adjudicación. Pero más allá de esto, y en forma paralela al conflicto de intereses, se incumplieron otras cuestiones de la norma regulatoria”, indicó el Síndico General de la Nación, Carlos Antonio Montero.