Hay 250 desalojos inminentes en la Ciudad de Buenos Aires. Calcular cuántas familias implica esta cifra es más complejo porque en algunas de la viviendas viven varios grupos familiares. Hay 7521 personas viviendo en la calle, según el último “censo popular”, realizado por organizaciones y ongs especialistas en el tema. Estos datos fueron algunos de los puntos centrales que se analizaron en reunión iniciática de la Mesa Institucional conformada para estudiar la situación habitacional porteña. Del encuentro, celebrado este jueves 17 de febrero en la Legislatura, participaron diputados del Frente de Todos, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad y la Asesoría Tutelar. El grupo tiene el mismo objetivo que la mesa que se conformó en diciembre pasado con legisladores y organizaciones sociales: lograr que se declare la emergencia habitacional en la Ciudad, lo que implicaría en primer lugar una suspensión de los desalojos.
“En la ciudad más rica del país hay más de 7 mil personas en situación de calle, de las cuales 800 son niños. Y el organismo encargado de dar solución al problema, el Insitituto de Vivienda de la Ciudad (IVC), redujo su presupuesto un 52% en 2020″, declaró en su cuenta de Twitter la legisladora del Frente de Todos Cecilia Segura, que participó del encuentro.
El barrio de La Boca es uno de los epicentros de esta problemática. De los 250 desalojos que tiene relevados la mesa de trabajo , la mayoría son en La Boca. “Tenemos 167 causas que en cualquier momento desembocan en desalojo”, le dijo a Diario Z, Natalia Quinto, de la agrupación La Boca Resiste, que forma parte de la mesa conformada en diciembre. “En algunas de esas viviendas hay una familia, pero en otras tenemos 20, por el tipo de construcción del barrio, conventillos”.
Quinto recordó que a fines del año pasado presentaron un amparo, patrocinado por el Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad, para exigir el cumplimiento de la Ley de Emergencia Urbanística y Ambiental de La Boca, que fue sancionada por la Legislatura en 2007 y que tiene una unidad ejecutora. “No se aplica para nada”, remarcó Quinto.
“Necesitamos microcréditos para refaccionar los conventillos y un plan contra incendios. El tema es que esas medidas atentan contra el negocio de la especulación inmobiliaria”
Natalia Quinto, de la agrupación La Boca Resiste.
Unos días después de la presentación de este amparo, el jueves 9 de enero, hubo un incendio en un conventillo del barrio, en la calle Iraola 46, que puso por unos días en la superficie la gravedad de la situación. “En el barrio no hay ninguna política habitacional y tenés incentivos estatales para impulsar que los inmuebles se alquilen de otra forma, que no sea vivienda –remarcó la dirigente de La Boca Resiste-. La población que representamos nosotros circula de modo muy informal en el mercado de alquiler, sin contratos. Y hay propietarios que tienen 20 conventillos manejados de esa forma y que no aportan un solo peso al Estado”.
Quinto puso el foco en el escenario de los próximos días. “Tenemos cinco desalojos de acá a fin de mes. Necesitamos que paren hasta que se logre un plan de contingencia. Nosotros hemos presentado propuestas de corto, mediano y largo plazo”. “Necesitamos un programa de prevención de incendio, microcréditos de rehabilitación de los conventillos y luego un plan para viviendas populares. El tema es que todo eso atentaría contra el negocio de la especulación inmobiliaria”, remató.