La jueza Patricia López Vergara, titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario n.° 6, se expidió sobre el acceso a la información en el marco de la pandemia, destacó el derecho ciudadano a recibir respuestas vinculadas al abordaje de su tratamiento y reiteró que dicho mandato no debe ceder frente a la emergencia de la pandemia. Todo ello en el marco de los autos «B., M. H. contra GCBA sobre Acceso a la información (incluye Ley 104 y Ambiental)», Expediente n.° 3373-2020-0.
El señor M. H. B., abogado en causa propia, interpuso acción de amparo por acceso a la información contra el Ministerio de Salud del gobierno porteño con el objeto de que “brinde la información requerida el 29/03/2020”. Peticionó que “le informara: 1) cuántos reactivos adquirió para hacer la prueba del Covid-19; 2) cuántos recibió por parte del Gobierno Nacional; 3) cuántas personas en situación de aislamiento tiene a la fecha el Hospital Álvarez y 4) cuántas de estas fueron testeadas”. Refirió que “fue efectuada a través de la página web de la demandada y que el 03/04/2020 se le notificó una solicitud de prórroga por parte del gobierno local». Manifestó que «el 12/05/2020 recibió una respuesta que describe como ‘totalmente incongruente’ en tanto la demandada acompañó el protocolo de manejo de casos sospechosos y confirmados de Covid-19 y lo convocó a una reunión para el 21/05/2020”.
El Ejecutivo contestó que “citó al actor a una reunión a celebrarse el 21/05/2020 pero que frente a la respuesta de aquel y al inicio de la presente acción judicial, dio por concluidas las actuaciones administrativas”. Expresó que “la finalidad de la citación reside en lograr un acuerdo entre las partes para entregar aquella información que no pueda ser facilitada en los plazos fijados sin afectar el normal funcionamiento del área requerida”.
En primera instancia, para la magistrada el gobierno no brindó una respuesta que se ajustara a lo requerido. «En efecto, la información suministrada no tenía nada que ver con la cantidad de reactivos adquiridos por el GCBA, ni con la cantidad provenientes del Gobierno Nacional ni con la cantidad de pruebas de Covid-19 a los pacientes aislados en el Hospital Álvarez», completó.
La jueza indicó que «el GCBA no precisó en qué lugares físicos se encontraría la misma como así tampoco a qué dependencias correspondían ni en qué proporción se hallaba distribuida. Menos aún indicó el tiempo estimado en el que cada área daría cumplimiento a su solicitud. Es decir, no explicó la dispersión de la información alegada«. «Además, la pandemia por Covid-19 invocada en modo alguno lo relevaba de su obligación de brindar la información requerida», agregó.
Recordó López Vergara que «el propio Jefe de Gobierno como su Ministro de Salud recomiendan en todos los medios de comunicación a los ciudadanos de la Ciudad no salir de sus hogares«, para luego preguntar por qué se lo invitó a concurrir a una reunión de diálogo en violación a las normas que instan a extremar los cuidados de aislamiento. Por último, subrayó que «la reunión propuesta prescindió del contexto en que se implantaron las medidas de aislamiento y cuidados (…), medidas de resguardo especialmente emanadas desde el propio Ministerio de Salud del GCBA».