Tras la reacción de los vecinos, se posterga el debate sobre la propiedad de la tierra en la Villa 31

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dio marcha atrás. Retiró del temario de la reunión en el Centro de Gestión y Participación de la Villa 31, que se realizó este viernes 24 de julio, la escrituración de las viviendas o de las tierras en que viven los vecinos. La intención había generado una fuerte reacción de delegados y organizaciones del barrio, nucleados en la Mesa de Urbanización Participativa. “Nos informaron que sacan eso del debate de hoy”, le dijo a Diario Z Gabriela Barros, Consejera del sector Comunicaciones de la Villa y miembro de la Mesa.

La tensión había comenzado con la convocatoria realizada para la habitual reunión por la Secretaria de Urbanización del barrio, conducida por el funcionario porteño Diego Fernández. Aunque no se trataba de una reunión resolutiva,  entre los puntos para tratar se incluyó el proceso de escrituración.

Esto despertó la reacción de la Mesa que emitió un comunicado este viernes. Entre otros motivos “rechazaba” debatir el tema hasta que “estén dadas las condiciones para que todo vecino que quiera participar de forma presencial pueda hacerlo”. En el marco del aislamiento social, aunque esté flexibilizado, no hay condiciones para poder abrir la reunión a quien quiera  participar. Solamente podrían ir los funcionarios y los 11 consejeros barriales.  

La consejera Barros le dijo a este medio: “Lo que tenemos que discutir ahora en el CGP es cómo garantizamos que la luz no se vuelva a cortar y que el agua llegue a todas las casas. Estamos en una emergencia sanitaria. El tema de las escrituras puede quedar para después”.

Esta tarde, varios miembros de la Mesa dieron antes de la reunión una conferencia de prensa para explicar la situación. Y luego la compartieron en su twitter.

Otra delegada del barrio, María Martínez, consejera del sector Güemes, se expresó en un sentido similar. “Veníamos trabajando en conjunto con este tema hasta que llegó la pandemia. No podemos retomarlo en este contexto. Tenemos otras urgencias para hablar”.

Lo que había despertado sospechas en las organizaciones y los vecinos era justamente que el Gobierno de la Ciudad propusiera retomar este debate en el marco de la pandemia. Y una de las razones es que hay dos puntos de la reglamentación legal a los que los vecinos de oponen de modo tajante.  

El nudo de la tensión.

La ley 6129 se aprobó en la Legislatura porteña a fines de 2018. Es la norma que se supone que “ordena” la legalidad sobre la propiedad en la Villa 31. El camino propuesto es que los vecinos compren sus casas o sus terrenos. Para quienes viven, por ejemplo, en el bajo autopista, donde hay riesgos graves de la integridad física, la propuesta es que se muden a viviendas nuevas construidas en el barrio. Y que luego comiencen a pagarlas mensualmente. Quienes habitan zonas menos peligrosas de la villa, desde el punto de vista estructural, podrán comprar el terreno en el que construyeron sus casas.

La forma de pagarlo, según la ley, sería  la siguiente: la Ciudad, dueña de los terrenos, hace una hipoteca y los vecinos van abonando mensualmente. El mismo sistema regiría para los que dejan sus casas por distintos riesgos y se mudan a los departamentos construidos, que son 1700 en total.

La controversia surge porque en la reglamentación de la norma, en el artículo 7, Horacio Rodríguez Larreta introdujo un cambio. Es la posibilidad de que el Estado le venda las hipotecas al sector privado. Y en el artículo 4 estableció que con tres meses de retraso en los pagos puede pedirse el desalojo del propietario. Se abre la puerta para que empresarios del sector inmobiliario se dediquen a comprar las hipotecas y luego a impulsar los juicios. De ese modo el compromiso básico del gobierno porteño con los vecinos de la villa, que es que la tierra es para ellos, se rompería.

Esta vez las organizaciones del barrio lograron que estos puntos fueran sacados del temario. Sin embargo siguen ahí vigentes en la reglamentación de la ley.