Por Franco Spinetta. Especial para Diario Z
Desde principios del mes de julio, en la Argentina rige una ley que regula el mercado de los alquileres. Sin embargo, según denuncian desde Inquilinos Agrupados, hasta el momento la situación sólo ha empeorado, sobre todo, por la profunda crisis económica derivada de la pandemia por Covid-19 y la inacción del Estado.
“El mercado de alquileres es un caos”, dice a Diario Z Gervasio Muñoz, referente de esa agrupación, que en los últimos dos meses recibió más de 2.500 consultas referidas a incumplimientos de las inmobiliarias, aumento de alquileres y desalojos, hoy teóricamente suspendidos por decreto de Presidencia. “La gente está desesperada porque no sabe dónde va a vivir”, advierte Muñoz.
En Inquilinos Agrupados aseguran que el escenario es por demás complejo, ya que los decretos que buscaban proteger a los inquilinos, en realidad se convirtieron en una fuente de tensión entre los propietarios y los locatarios. “Por eso, estamos pidiendo que el Estado busque otras formas de abarcar el problema, como por ejemplo cubrir una parte del alquiler depositando en una cuenta del propietario, que es algo que se hace en otros lados”, indica Muñoz. Según el último relevamiento realizado por Inquilinos Agrupados, uno de cada cuatro inquilinos no puede hacer frente al pago del alquiler.
Los inquilinos son cada vez más y los propietarios son cada vez menos: más y más propiedades están en cada vez menos manos.
La situación en la Ciudad es particularmente preocupante, puesto que se trata del distrito con más nivel de inquilinización del país, un fenómeno que no se ha frenado desde el comienzo del siglo XXI. Según Estadísticas y Censos del gobierno porteño, el 35,2% de los habitantes alquila su hogar, mientras que el 53,6% es propietario. Es decir, un millón de personas son inquilinas. En el año 2003, los inquilinos eran el 23,9% de los habitantes y los propietarios el 64,4%. La capital tiene, unos 3 millones de habitantes, un número que se mantiene estable desde 1949.
La llegada del macrismo a la cima del poder porteño, en diciembre de 2007, significó una profundización del modelo de concentración de la propiedad: los inquilinos son cada vez más y los propietarios son cada vez menos: más y más propiedades están en cada vez menos manos. Estadísticas y Censos revela otro dato sorprendente. Entre 2011 y el segundo trimestre de 2019, últimos datos disponibles, en la Ciudad se construyeron 9.142.970 m2, sin contar lo construido en los asentamientos precarios e informales, y contemplando los vaivenes del mercado inmobiliario y de la construcción. Ese número equivale a aproximadamente 4.500 edificios de 10 pisos, con tres departamentos de 50 m2 promedio, por nivel. En ese mismo período de ocho años, más de 200 mil personas pasaron de la fila de propietarios a la de inquilinos.
Entre 2011 y 2019, se construyó el equivalente a 4.500 edificios de 10 pisos. En el mismo lapso, 200 mil propietarios se conviertieron en inquilinos.
Decretos, leyes, descontrol
Con el decreto 320 dictado por el presidente Alberto Fernández quedaron suspendidos los desalojos y los aumentos de los alquileres. En la práctica, denuncia Muñoz, no se está cumpliendo. “El gobierno de la Ciudad sigue desalojando hoteles y pensiones, donde además no dejaron de aumentar las cuotas”, asegura. En el medio, la sanción de la Ley de alquileres, una lucha histórica del sector, no se tradujo aún en una mejora de la situación de los inquilinos.
En concreto, la nueva normativa dispone el aumento a 3 años del plazo de duración de los contratos, una indexación anual sobre la base de un coeficiente entre el Indice de Precios Al Consumidor (IPC) y la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE), que deberá publicar periódicamente el Banco Central, y la posibilidad de proponer dos garantías a elegir por el propietario. Asimismo, establece que las expensas extraordinarias y los impuestos que gravan a la propiedad, correrán por cuenta del propietario.
“No se está cumpliendo, las inmobiliarias buscan todas las formas posibles de esquivar la ley, y lo consiguen”, apunta Muñoz, quien le reclama al gobierno porteño y al nacional mayor compromiso en la difusión de la ley y sus alcances.
“Por el momento, seguimos con un gobierno de la Ciudad que garantiza los negocios inmobiliarios y con Nación enfocada en otras problemáticas, lo cual es entendibles. Estamos advirtiendo que de no contener este problema, van a empezar a haber desbordes porque la situación es crítica”, evalúa Muñoz.