El Congreso avaló el DNU que declaró servicio público esencial a la telefonía móvil, el internet y la TV paga


El decreto presidencial que declaró servicios públicos y esenciales a la telefonía móvil, el cable e internet, avanzó un casillero. Esta tarde consiguió el aval de la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo del Congreso Nacional. El proceso parlamentario, sin embargo, no estuvo libre del debate que ha disparado la medida anunciada el viernes pasado por el presidente Alberto Fernández. Los cruces entre oficialismo y el grueso de la oposición se reflejaron en el Parlamento. Juntos por el Cambio, principal bloque opositor, decidió no participar de la convocatoria.

La excusa de los legisladores de este bloque fue  reglamentaria. Señalaron que la convocatoria se realizó fuera del plazo de antelación (48 horas) previsto en el reglamento de la comisión.

Otra de las objeciones estuvo vinculada al hecho de que el encuentro fue convocado con la modalidad de “teleconferencia”. Esto fue así pese a que está vencido el protocolo acordado para sesiones remotas en la Cámara de Diputados, no así en la de Senadores.

Desde el oficialismo, el presidente de la Comisión de Comunicación e Informática de la Cámara baja, Pablo Carro, consideró: “El DNU (690) fue una decisión acertada y no afectará las inversiones del sector”.

En un sentido similar se pronunció el actual titular del Ente Nacional de Telecomunicaciones (Enacom), Claudio Ambrosini. Aseguró que está “muy lejos” del espíritu del decreto ” las estatizaciones”. Y afirmó que la idea apunta a “sentarse con las empresas y pedirles que acompañen la marcha de la economía”.

Otro de los defensores de la medida fue el presidente del PJ y diputado nacional José Luis Gioja. El sanjuanino remarcó que la iniciativa era “lo que pedía la gente y las asociaciones de consumidores”.

Desde la vereda de enfrente, el bloque de la UCR en Diputados emitió un comunicado con declaraciones de varios de sus miembros.

“Se decide arbitrariamente un temario. Aún no logramos que se trate el decreto de suspensión de la Movilidad Jubilatoria, que para nosotros es clave y viola flagrantemente la Constitución”, destacó el diputado radical Luis Petri.

Y la expresidenta del Enacom durante la gestión Cambiemos, también radical, Silvana Giudici, criticó el DNU. Dijo que los objetivos a los que apunta la norma se logran “con políticas públicas que no necesariamente consistan en regular un mercado que no debe ser regulado estrictamente con precios, con tarifas”. Según Giudici, lo que debe hacerse es “fomentar la competitividad para lograr tarifas a la baja”.

Los alcances del DNU

El decreto presidencial que se conoció el viernes pasado declaró servicio público esencial a la telefonía móvil, el internet y la televisión paga. De esta forma, los ubicó en el mismo estándar que a la telefonía fija, la luz o el gas, cuyos aumentos tarifarios deben pasar por audiencia pública y ser homologados por el Estado. Además congeló las tarifas de estos servicios hasta fin de este año.

Entre los considerandos de la medida se destaca que durante la gestión del ex presidente Mauricio Macri “se derogó gran parte del andamiaje legalmente establecido en materia de servicios de comunicación audiovisual y de las Tecnologías de la Información y la Comunicación”.

Se subrayaba además que esa decisión política implicó “abandonar la idea de que el acceso a estos servicios es un derecho humano. Y los dejó librados a ley de la oferta y demanda como una simple mercancía, contrariamente a lo previsto en la Constitución Nacional”.

La argumentación de la norma agrega que considera “necesario recuperar los instrumentos normativos que permitan garantizar para la totalidad de los y las habitantes de la Nación el acceso” a estas tecnologías. Y destaca que debe hacerse “estableciendo planes accesibles e inclusivos que garanticen una prestación básica universal obligatoria”.