Legislatura: este jueves deciden si autorizan levantar megatorres en Villa Crespo, Palermo y Puerto Madero a cambio de 6 millones de dólares

Por Franco Spinetta. Especial para Diario Z

Este jueves, la Legislatura porteña será el escenario de un fuerte debate por el uso y destino de tierras públicas. Al tratamiento de una ley para concesionar y vender gran parte de la Costanera Norte, se le suman tres convenios urbanísticos firmados entre el gobierno de la Ciudad y desarrolladores inmobiliarios que, a cambio de 6 millones de dólares, podrían construir más de lo permitido por el Código Urbanístico en los barrios de Puerto Madero, Palermo y Villa Crespo.

El cambio de la normativa urbana a cambio de dólares, en este caso justificado por la “emergencia sanitaria” producto de la pandemia, es un hecho inédito, aunque no así la celebración de convenios urbanísticos, contemplados en el Plan Urbano Ambiental. En otras oportunidades, como cuando se aprobó la construcción del Shopping Dot, en Saavedra, la Ciudad pidió a cambio obras para mitigar las inundaciones del barrio Mitre y una escuela. La novedad es que, a partir de ahora, se abre la posibilidad para que las constructoras eludan las normas urbanísticas a cambio de dinero, sin tener en cuenta las necesidades del entorno.

Los tres convenios rubricados por la Ciudad a principios de septiembre contemplan una mega torre en Puerto Madero, un importante edificio en Villa Crespo y otra torre, de 100 metros y vista al Campo Argentino de Polo, en Palermo.

El primer proyecto está ubicado en Juana Manso al 300 y es impulsado por Profidu S.A y Mitre Construcciones S.A, quienes “convencieron” a la Ciudad de que les permitan construir 110,5 metros más que lo autorizado. Proyectan allí un edificio de 140 metros y 45 pisos. A cambio de esto, el gobierno porteño embolsará 2,5 millones de dólares que, en el convenio, aclaran, será destinado a la emergencia del COVID-19 y la construcción de la Plaza AMIA, en homenaje a los muertos por el atentado.

El segundo acuerdo que será analizado por los legisladores alude a tierras cedidas por Nación a la Ciudad, un polígono delimitado por las calles Fitz Roy, Vera, Ramírez de Velasco y las vías del ferrocarril San Martín, de Villa Crespo, sobre el que propone también una ampliación de los usos del suelo y una habilitación para construcciones que pasarán del límite de 29,8 a 37,6 metros de altura. Es la idea del Grupo Koolhaas S.A, que de esta manera pidió ampliar un 20 por ciento la superficie de construcción: de 34.472,30 m2 a 40.928 m2, a cambio de poco más de un millón de dólares y un pequeño espacio público, que será de uso de la propia torre.

Por último, el tercer convenio contempla dos parcelas situadas entre la avenida Dorrego y las calles Clay, Báez, Huergo y el Campo Argentino de Polo, donde funcionó la obra social de las Fuerzas Armadas y el sector de Sastrería del Ejército nacional, y cuyos terrenos fueron vendidos por el Estado años atrás. En ese caso, la contraprestación asciende a 2,5 millones de dólares, para lo cual se promueven cambios a la altura permitida para futuras construcciones para llevarla a los 96 metros; en tanto que en uno de los terrenos se proyectó un espacio verde público. La iniciativa pertenece a las constructoras Kilómetros S.A y Arkinver S.A.

“Si bien se presentan como convenios urbanísticos entre privados y el Estado, esos terrenos pertenecieron al Estado Nacional y a la Corporación Puerto Madero”, advierte Jonatan Baldiviezo, del Observatorio por el Derecho a la Ciudad. Baldiviezo agrega que, además, el gobierno porteño hizo un “mal negocio”: “El Estado mal vendió, incluso hay denuncias penales porque habrían vendido a un tercio del valor del mercado; pero además vendieron mal porque lo hicieron con una baja capacidad constructiva y otra zonificación, que ahora están modificando”. Y agrega: “Se está otorgando una capacidad constructiva mucho más elevada, desde el punto económico esto se podría haber hecho al principio para vender esas tierras con la capacidad constructiva que ahora quieren conveniar, de esta manera forma la plusvalía urbana se la quedaba 100 por ciento el Estado y no la repartía con las empresas, como lo hace ahora, que se queda con una parte ínfima”.

En Villa Crespo, según sus cálculos, la Ciudad se quedará con el 40% de lo que ganará la constructora. Justamente ese barrio es el único, hasta el momento, en el que los vecinos se han manifestado en contra. Desde la página de Facebook No al Megaestadio Arena en Villa Crespo, han promovido la junta de firmas contra las torres y anunciaron su “rechazo a este nuevo negociado inmobiliario”.

En la Legislatura, en tanto, el destino de los convenios está garantizado por la mayoría de oficialistas y aliados. Fuentes legislativas indican que el peronismo y la izquierda votarían en contra.

Planeamiento como “un lugar de venta de normativas”

Desde el bloque del Frente de Todos, Matías Barroetaveña, integrante de la Comisión de Planeamiento, considera que estos convenios “van en contra de una Ciudad integrada y accesible”. “Pareciera que la Comisión de Planeamiento es un lugar de venta de normativas”, denuncia. En tanto, en la última reunión de esa comisión, en la que se aprobaron los dictámenes, el subsecretario de Registros, Interpretación y Catastro del Gobierno porteño, Alfonso Crotto, defendió los proyectos y señaló que “los dos convenios urbanísticos son de instrumento para una articulación público-privada que fija las contraprestaciones para el beneficio de ambas partes y esto surge de análisis desde los puntos de vista urbano, social, económico y también ambiental”.

Baldiviezo, por su parte, advierte que la compensación urbanística no es una herramienta para “demonizar”. “El tema es para qué se hace. Acá vemos excepciones, negocios, pero no planificación. No hay consideración de los problemas de la Ciudad. Tendría que ser al revés”, explica. Y añade: “No hay ningún estudio de planificación, no se conoce el impacto negativo que tendrán estas construcciones. Siempre que se autoriza la construcción de más m2, hay que hacer un estudio sobre los servicios públicos, no sólo para los hogares, sino de equipamiento urbano: espacios verdes, espacio público. No van a cumplir ni siquiera con lo estipulado para quienes compren esas propiedades”.