Escandaloso fallo del Superior Tribunal de Justicia: sólo pueden exigir vacantes en la escuela pública quienes no puedan pagar una escuela privada

El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad acaba de fallar contra las familias que reclaman que se cumpla el Artículo 24 de la Constitución porteña y se garantice la vacante para sus hijos en la escuela pública.

Con los votos de las juezas Marcela De Langhe, Inés M. Weinberg, Santiago Otamendi y Luis Francisco Lozano, el TSJ determinó a través de una sentencia escandalosa que solamente podrán exigir vacantes quienes no pueden pagar una escuela privada. Votó en disidencia Alicia Ruiz.

El fallo no solo desconoce el derecho a recibir una educación gratuita por parte del Estado porteño, también impide que las familias que no consiguieron vacantes en la escuela pública “puedan recibir un subsidio por parte del Ministerio de Educación para poder pagar una vacante en la privada; una medida que va en contra de decenas de dictámenes de la Justicia porteña que habían fallado en ese sentido”, explica el texto de rechazo que está proponiendo firmar la agrupación “Vacantes para todos en la escuela pública”

María Victoria Sironi, madre de un nene de 2 años, inició una acción de amparo “a los fines de que se ordenara al gobierno porteño incorporar al menor en un establecimiento público con jornada completa dentro de un radio razonable a su domicilio, o en su defecto — subsidiariamente — en un establecimiento de gestión privada u otra solución alternativa”. El juzgado de primera instancia había emplazado al gobierno porteño para que garantizara la vacante. El fallo del STJ responde a la apelación del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta en contra de esa primera resolución.

En los fundamentos de la jueza Marcela De Langhe, por ejemplo, puede leerse: “7. En suma, quien no pruebe tener un mejor derecho que los grupos a los que asignan prioridad el artículo 17 de la CCABA, el artículo 1 de la ley 4036 y el reglamento administrativo contenido en el Anexo de la Resolución 3337/MEGC/2013, no podrá exigir su admisión en una de las vacantes existentes en el sistema público de educación inicial si las vacantes no son suficientes para albergar, en primer lugar, a aquellos grupos con mayor prioridad.

“El fallo busca limitar el acceso a la Justicia a las familias que eligen la escuela pública y pretende legitimar el ajuste constante y sostenido que Macri y Larreta realizan desde hace trece años en materia educativa hasta alcanzar su punto más bajo en el presupuesto 2021”, señaló la UTE Ctera en un comunicado.   

El Artículo 24 de la Constitución porteña establece que “La Ciudad asume la responsabilidad indelegable de asegurar y financiar la educación pública estatal, laica y gratuita en todos los niveles y modalidades, a partir de los cuarenta y cinco días de vida hasta el nivel superior, con carácter obligatorio desde el preescolar hasta completar diez años de escolaridad”.

“Echando mano al Poder Judicial, Horacio Rodríguez Larreta está convirtiendo a la Ciudad de Buenos Aires en el “reino del revés”, con jueces que ignoran leyes y emiten sentencias contrarias a la Constitución porteña, y un Ministerio Público Fiscal que denuncia y amedrenta enviando patrulleros a las casa de las y los docentes que defienden el Estatuto que protege sus derechos” continúan el comunicado del sindicato que agrupa a la mayoría de los docentes de la Ciudad.